Suspendida la vista para analizar la extradición a EEUU del ex jefe de seguridad de Hugo Chávez

Está acusado de participar en una trama de canje de divisas con su mujer, ex tesorera nacional de Venezuela

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vista que se iba a celebrar este jueves en la Audiencia Nacional para analizar la petición de extradición cursada por Estados Unidos contra Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, por su presunta implicación en una trama corrupta de canje de divisas ha sido suspendida, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que el motivo de la suspensión de la vista es que Velásquez Figueroa ha cambiado de abogado y procurador y éstos han solicitado al tribunal más tiempo para poder examinar la causa.

Un tribunal del Distrito Sur de Florida imputó el pasado mes de diciembre a Velásquez Figueroa y su mujer, Claudia Díaz --ex tesorera del Gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez--, cargos de asociación delictiva para lavar dinero e instrumentos monetarios regulados, acusación que en España equivale a un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal.

De acuerdo con el relato realizado por el Ministerio Público, Raúl Gorrín, un magnate venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión, "pagó cientos de millones de dólares en sobornos" para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con "tasas favorables", lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Esta "estratagema de soborno ilegal" habría funcionado entre 2008 y 2017 y en ella habrían participado tanto Velásquez Figueroa como Díaz, que habrían sido dos de los altos cargos venezolanos sobornados, debido al puesto de tesorera nacional del país caribeño que ella ocupó entre 2011 y 2013.

Gorrín habría usado cuentas bancarias tanto personales como de empresas bajo su control para hacer los pagos. En el caso del matrimonio Díaz-Velásquez, Fiscalía menciona transferencias desde cuentas suizas del magnate a cuentas estadounidenses del ex jefe de seguridad por 8,6 millones de dólares.

Además de las inyecciones directas de dinero, "Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de un diseñador de moda", todo ello a beneficio de Velásquez Figueroa.

UN REGISTRO DE SOBORNOS

Para aparentar legalidad, Gorrín se habría cruzado correspondencia electrónica con proveedores, si bien "hizo que sus empleados mantuvieran una hoja de cálculo para los fines de hacer seguimiento de ciertos pagos de soborno", incluidos a Velásquez Figueroa.

Gorrín habría seguido dando dinero y "objetos de valor" a la pareja incluso después de que Díaz dejara de ser la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, "a cambio de su asistencia anterior en proporcionar ventajas de negocios".

Así, en 2013 constan dos pagos, de 281.051 y 4 millones de dólares desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de compañías propiedad de Gorrín ubicadas en Pánama a empresas de Velásquez Figueroa.

El Ministerio Fiscal entiende que la petición de extradición de Estados Unidos contra el ex jefe de seguridad de Chávez "no tiene motivación política", por lo que aboga por enviarlo a la potencia norteamericana.

DETENIDOS DOS VECES EN ESPAÑA

Díaz y Velásquez Figueroa fueron detenidos el pasado mes de diciembre en España, si bien ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó dejarlos en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Ya fueron arrestados en suelo español en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención en su contra por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales" de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.