La suspensión del Pleno del Parlament deja al Congreso la primera votación sobre el 1-O

ERC y PDeCAT quieren que la Cámara reconozca el 1-O y que emplace a Rajoy a negociar sus consecuencias

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso puede acabar siendo el primer órgano legislativo en votar una iniciativa sobre los efectos del referéndum secesionista del pasado domingo, una vez que el Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente el Pleno que el Parlament tenía previsto celebrar el próximo lunes con idea de proclamar la independencia de Cataluña.

El Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará el próximo martes sendas mociones de Esquerra Republicana y del PDeCAT que instan al Gobierno de Mariano Rajoy a reconocer el resultado del referéndum y a abrir inmediatamente negociaciones con la Generalitat.

Por tanto, si finalmente el Parlament no celebra sesión plenaria el lunes, será el Congreso el primero en discutir sobre las consecuencias del referéndum en una semana en la que también está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar sobre Cataluña, según el acuerdo alcanzado en la última Junta de Portavoces.

Ambos textos, que son consecuencia de las interpelaciones que ambas fuerzas independentistas dirigieron al Gobierno en la sesión de control del pasado 27 de septiembre, se registraron en el Congreso sin conocerse aún cuál sería el resultado de ese referéndum.

La moción de Esquerra consta de un único punto, que persigue que la Cámara emplace al Ejecutivo de Mariano Rajoy a "reconocer el resultado del referéndum del 1 de octubre, y en base a él, iniciar negociaciones con el Gobierno de Cataluña para cumplir con la voluntad del pueblo catalán expresada en las urnas".

En términos similares, el PDeCAT busca que el Congreso mandate al reconocimiento de "la validez de los resultados del referéndum como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña respecto a su futuro" y la apertura inmediata del "diálogo entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat".

PARAR PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN FINANCIERA

Además, la antigua Convergència quiere que el Congreso urja al Gobierno a "derogar toda decisión adoptada que haya afectado a la capacidad de autogobierno de Cataluña" que proceda a la "desjudicialización de todos aquellos procedimientos y asuntos que requieren una respuesta política y no judicial".

También reclaman la derogación inmediata de la orden por la que el pasado 15 de septiembre el Gobierno intervino las cuentas de la Generalitat, argumentando que fue una "intervención de la autonomía financiera" de Cataluña.

Asimismo, el PDeCAT apuesta en su moción por "recuperar la salvaguarda de la protección y promoción de los Derechos fundamentales recogidos en la Constitución y, entre otros en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Citan, en concreto, el derecho a la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a la información por cualquier medio y sin censura previa, el derecho a reunión pacífica y sin armas y el derecho a participar en los asuntos públicos, "como una de las prioridades" que el Gobierno "está obligado a preservar en su acción de gobernar democráticamente".

CONDENAR LA NEGLIGENCIA DE RAJOY

También En Comú Podem interpeló al Gobierno sobre el conflicto catalán en el último Pleno antes del 1-O. En su moción, la confluencia catalana de Podemos plantea exigir al Gobierno que impulse un "espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, así como entre los Gobiernos catalán y español, para encontrar la vía democrática que ponga fin" a esta "larga crisis territorial".

En la misma línea que el PDeCAT, En Comú aspira a que el Congreso emplace al Gobierno a poner fin a "todas las actuaciones represivas", en especial a la intervención financiera de Cataluña, así como al resto de decisiones que "suponen invadir competencias propias de la autonomía de Cataluña".

Asimismo, los de Xavier Domènech intentará que la Cámara Baja declare que el Gobierno, "dirigido por su presidente, Mariano Rajoy, ha actuado de forma negligente ante la mayor crisis política desde 1978".