El TC abordará el 5 de octubre el segundo estado de alarma, el 'cerrojazo' al Congreso y la prisión permanente revisable

Tras la sentencia relativa al primer estado de alarma, se espera otra resolución contraria a la decisión en pandemia del Gobierno

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) abordará en su próximo pleno, que arrancará el martes 5 de octubre, tanto el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno por la Covid-19 como la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados al inicio de la pandemia. Además, el tribunal de garantías aborda la constitucionalidad de la prisión permanente revisable.

Ya a principios de mes se conoció que el TC previsiblemente declararía inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que atendería, aunque sea parcialmente, el recurso presentado por el partido político Vox, según avanzaba el diario ABC.

El magistrado ponente de esta sentencia que será estudiada el martes, Antonio Narváez, concluyó su resolución y en ella acogería dos de los tres principales argumentos del partido de Santiago Abascal contra ese segundo periodo de estado de alarma que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se extendió por seis meses. De salir adelante, este sería un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio como el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma.

En este recurso de inconstitucionalidad Vox sostenía que el segundo de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

Vox denunció como inconstitucional la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer sólo cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución. Ese sería uno de los aspectos que, según ABC, acogería el ponente en su resolución dado que se habría dado una falta de control parlamentario al Ejecutivo.

En esta ponencia, previsiblemente el TC dictaminará que para cumplir con la exigencia constitucional de fiscalización del Ejecutivo durante ese periodo de seis meses no fueron suficientes las comparecencias ocasionales que hizo Sánchez en el Congreso, y tampoco aquellas que delegó en el que fuera ministro de Sanidad Salvador Illa, y posteriormente Carolina Darias.

El segundo aspecto que reflejaría esa resolución tiene que ver con el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad delegada, la denominada como cogobernanza. A juicio de Vox esto generó "un auténtico estado de desconcierto y caos" que abocó a una situación de "inseguridad jurídica" a los ciudadanos.

LOS PLAZOS REGLAMENTARIOS

En este pleno los magistrados también tratarán un asunto que ya llevaban en el orden del día del mes de septiembre, la constitucionalidad o no de los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios en la cámara baja al inicio del estado de alarma en 2020. La deliberación llega después de que admitieran a trámite el recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario de Vox.

Este asunto, que está pendiente desde junio de 2020 --que fue cuando el TC lo admitió a trámite-- se analizará, también con ponencia del magistrado Antonio Narváez, si esa decisión se ajustó a la Constitución, aunque en realidad únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril, por lo que en ese periodo se centrará la deliberación en el órgano de garantías.

En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y genera repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

En concreto, Vox impugnó el acuerdo de la mesa 19 de marzo de 2020 por el que se suspende el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levantara la suspensión, así como el de fecha 21 de abril de 2020 por el que se desestimó la solicitud de reconsideración que realizaron PP y Vox.

Tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, aprobó el 19 de marzo 'parar el reloj' de los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

Según adelantó El País y confirmó en fuentes Europa Press, el Pleno prepara una sentencia contraria a esos acuerdos de la Mesa del Congreso. El 'cerrojazo' a la actividad parlamentaria está pendiente de resolución desde junio de 2020 --que fue cuando el TC lo admitió a trámite--.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El tercer gran asunto que llega al pleno de la próxima semana es la prisión permanente revisable. EL TC estudiará una ponencia al respecto, seis años después de que los grupos parlamentarios de la oposición -liderada por el PSOE-- suscribieran un recurso de inconstitucionalidad contra la misma al considerarla "inhumana", y se espera, según adelantaba El Periódico de Cataluña, que se dé una sentencia favorable a considerarla constitucional.

La prisión permanente revisable, planteada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y mantenida después por su sucesor Rafael Catalá, ya concitó las críticas de toda la oposición durante la tramitación parlamentaria del Código Penal. Entonces, en junio de 2015, diputados del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG) estamparon sus firmas en el recurso que presentaron ante el TC.

Esta pena, que salió adelante sólo con los votos del PP, se ha aplicado en casos de gran relevancia social y mediática como el del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos para posteriormente descuartizar los cadáveres; o el del asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle'. Ambas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Entre los casos que han acabado en este tipo de pena prevalecen según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenas a hombres, aunque también se han dado casos de mujeres, como el de Ana Julia Quezada, que fue condenada en septiembre de 2019 a prisión permanente revisable por asesinar en 2018 al niño Gabriel Cruz en Almería. Condena que fue confirmada por el Supremo en diciembre de 2020.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación.

Fuentes jurídicas aseguran a Europa Press que este asunto concitará en el Pleno debate, tanto sobre el fondo como sobre los plazos, y se espera que no haya unanimidad de voto.