El TC concreta las advertencias al Gobierno de Puigdemont, Mossos, altos cargos y alcaldes si no impiden el 1-O

Les apercibe expresamente de que ignorar sus resoluciones conllevará consecuencias penales

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MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

En las cuatro providencias por las que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves sendos recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre se incluyen advertencias expresas y muy concretas tanto a los miembros del Gobierno de Cataluña como a responsables de los Mossos, de los medios de comunicación públicos y a los 947 alcaldes catalanes.

Se les conmina a impedir o paralizar "cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" las suspensiones acordadas y que incumplimiento conllevará consecuencias penales.

En el caso de la providencia por la que acuerda dejar en suspenso la Ley de referéndum aprobada este miércoles, la notificación será notificada personalmente al presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al secretario del Gobierno de Cataluña, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a todos los miembros de la Mesa, al Letrado Mayor, al secretario General del Parlamento de Cataluña, al Jefe del Departamento de Publicaciones y a la Técnica de coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones.

De forma expresa, les advierte de que deben abstenerse de "iniciar tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum y de poner a disposición de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicatura electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones".

Todo ello, continúa la providencia, con "las advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento". Esta advertencia se repite en las cuatro resoluciones dictadas esta noche por el tribunal de garantías, e incluye igualmente la notificación personal a los miembros (titulares y suplentes) de la sindicatura electoral de Cataluña.

ADVERTENCIA EXPRESA A LOS SÍNDICOS ELECTORALES

En el caso concreto de los miembros de la sindicatura, se les conmina a abstenerse "de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum".

La resolución referida a la Sindicatura extiende sus advertencias los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, al Director de la Entidad Autónoma del Diario Oficial de Publicaciones (EADOP); al Subdirector General del Diario Oficial y de la Administración, de la EADOP, al Subdirector General de Publicaciones de la EADOP, a la Jefa del Área de Publicación Oficial de la EADOP, y a los responsables de los boletines oficiales provinciales.

La advertencia a los alcaldes y a otros 60 altos cargos de la Generalitat únicamente se incluye en la impugnación del decreto de la Generalitat referido a las normas complementarias para la celebración de la consulta.

En particular, se dice a los alcaldes que deben abstenerse "de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación".

También les apercibe "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

Finalmente, en el incidente de ejecución de sentencia referido a la tramitación por el Parlamento de Cataluña del proyecto de ley de Transitoriedad Jurídica, el tribunal acuerda tener por personada en el procedimiento a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los solos efectos de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos.