El TC deja en manos del Pleno la decisión de admitir el recurso de Delgado contra la anulación de su ascenso

También eleva al cónclave de 12 magistrados la admisión del amparo de otro fiscal nominado por Delgado

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes que sea el Pleno quien decida sobre la admisión a trámite del recurso presentado por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo habían solicitado los miembros conservadores de la Sala Primera --Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y José María Macías--, por lo que debía proponerse la avocación a Pleno, tal y como establece la Ley Orgánica del TC al pedirlo al menos tres magistrados, si bien las fuentes consultadas aseguran que se ha aceptado sin debate por parte de los otros tres integrantes progresistas de dicha sala.

Cabe recordar que, en sucesivas sentencias, el Supremo anuló la promoción de Delgado a fiscal de sala, concretamente de la Sala de lo Militar del TS, al apreciar una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para encumbrar a su antecesora; así como el posterior nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Sin embargo, finalmente fue ratificada para este último, puesto que ostenta en la actualidad.

En la misma línea, la Sala Segunda del TC --reunida igualmente este lunes-- ha elevado al Pleno los recursos de amparo presentados por el fiscal Eduardo Esteban Rincón contra la decisión del Supremo de estimar los recursos lanzados contra dicho nombramiento por la Asociación de Fiscales (AF) y otro candidato al puesto, José Miguel de la Rosa. En este caso, lo ha hecho a petición de los magistrados conservadores de dicha sala --Enrique Arnaldo y César Tolosa-- y Macías.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló por primera vez la designación de Esteban Rincón para esta plaza en abril de 2022 al considerar que Delgado no lo había justificado suficientemente. Tras ello, la otrora jefa del Ministerio Público aportó un escrito explicando sus razones y volvió a nombrarlo, pero la AF y De la Rosa volvieron a impugnar y el TS les dio otra vez la razón en julio de ese año.

El Supremo recordó que el primer nombramiento se anuló por "falta de motivación del acto administrativo en lo específicamente atinente a la muy notable diferencia de experiencia y méritos en materia de derecho de menores" y afeó que sobre este mismo extremo la nueva motivación de Delgado "solo" decía que, "en el fondo, no es relevante". "No se ha satisfecho en absoluto lo exigido", recriminó la Sala Tercera.

EL PLAN CLIMÁTICO DEL GOBIERNO

Los magistrados de la Sala Segunda también han avocado al Pleno, para que decida sobre su admisibilidad, el recurso de amparo de Greenpeace, entre otros, contra la decisión del Supremo de rechazar sus impugnaciones contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Las organizaciones ecologistas pedían anularlo parcialmente para no superar los 1,5ºC de incremento de temperatura global y que en ningún caso la reducción de emisiones, para el mencionado periodo, fuese inferior al 55% en 2030, respecto de 1990.

Las ONG ya demandaron en 2020 al Gobierno por su "inactividad" frente al cambio climático y, cuando el Ejecutivo lanzó este plan un año después, lo impugnaron al considerar que era insuficiente, pero el Supremo lo validó al entender que se enmarca en los compromisos asumidos por la UE en la materia.

Por último, la Sala Segunda también ha elevado al Pleno la decisión sobre la admisibilidad del amparo solicitado por Iratxe Sorzábal contra la sentencia del TS que confirmó otra de la Audiencia Nacional (AN) con la que fue condenada a 24 años y medio de cárcel por dos explosivos colocados en el Palacio de Justicia y en una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996.

Sorzábal alegaba que, tras ser detenida en régimen de incomunicación por parte de la Guardia Civil, fue obligada mediante torturas a declarar contra su voluntad dos veces en dependencias policiales. Añadió que, ya en sede judicial, pero aún en periodo de incomunicación y sin poder disponer de letrado defensor de su elección, negó las declaraciones policiales y denunció las torturas.