MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles requerir a los síndicos electorales nombrados por el Parlamento de Cataluña para que ejerzan a modo de Junta Electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre que le informen de las medidas que están adoptando para cumplir con la suspensión que éste órgano dicto el pasado jueves.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías, que añaden que no se ha acordado de momento la imposición de multas - medida para la que les ha facultado la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)- porque antes hay que valorar qué es lo que estas personas responden en los próximos días.
Además, los magistrados han rechazado el recurso de súplica presentado por la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, contra la decisión que el tribunal adoptó también pasado jueves de no apartarse de estas decisiones tal y como ella les había solicitado por no considerarles imparciales.
NI REGISTROS NI NOMBRAMIENTOS
El pasado jueves, el TC admitió a trámite el recurso del Gobierno contra el nombramiento de los miembros e la Sindicatura. En su providencia se les instaba de forma concreta abstenerse "de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum".
El requerimiento que les hace hoy el Constitucional va dirigido a conocer si están cumpliendo con ésta orden, según las mismas fuentes.
La resolución referida a la Sindicatura extiende sus advertencias los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, al Director de la Entidad Autónoma del Diario Oficial de Publicaciones (EADOP); al Subdirector General del Diario Oficial y de la Administración, de la EADOP, al Subdirector General de Publicaciones de la EADOP, a la Jefa del Área de Publicación Oficial de la EADOP, y a los responsables de los boletines oficiales provinciales.
*La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías.