Los técnicos de Gales dicen que la tarjeta de Bousselham llegó físicamente intacta pero no pudieron recuperar los datos

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperación Express, donde la exasesora de Podemos Dina Bousselham envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, han informado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que el soporte estaba "físicamente intacto", pero que no pudieron recuperar el contenido del mismo.

En el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, de 40 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa confirma que recibieron la Micro SD el 29 de septiembre de 2017 y que la había enviado la entonces pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira.

Tras analizarla, explica el documento, concluyeron que la tarjeta estaba "físicamente intacta" cuando les llegó, no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este.

También dicen que durante su manipulación para el análisis del soporte, los técnicos de la empresa retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcan que "es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento".

Según explican los técnicos, el proceso que suelen llevar a cabo es utilizar el mencionado software especializado, que en ningún caso produce daños en los soportes. Si este proceso es satisfactorio, recuperan los datos, los almacenan en otro dispositivo y se informa al cliente; en caso contrario, el proceso requiere de otros tratamientos más complejos.

Este proceso suponía un coste extra que la exasesora de Podemos y su pareja decidieron no pagar, así que la empresa de Gales les devolvió la tarjeta de forma gratuita y por correo ordinario, tal y como consta en el informe remitido al magistrado.

La intención de García Castellón al solicitar esta información a la empresa Recuperación Express era averiguar la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal.

Todo ello porque durante la instrucción, el juez estima que desde que la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham fue devuelta de manos de la dirección del Grupo Zeta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, hasta que éste se la entregó a su exasesora, el dispositivo resultó dañado, ya que ella no había podido recuperar sus datos, mientras por el camino se publicó parte del contenido en medios de comunicación.