MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aplica medidas cautelares de forma muy expcepcional y en la mayoría de los casos las concedidas se han referido a casos de paralización de expulsiones o extradiciones, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.
Esta medida, que sería de aplicación urgente, es la que ha anunciado presidente del Parlament, Roger Torrent que pedirá que aplique el órgano de Estrasburgo mientras estudia el fondo del recurso que presentará en defensa de la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
El TEDH contempla la aplicación de medidas cautelares en el artículo número 39 de su Reglamento. Se pueden aplicar a cualquier Estado firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos "solo cuando exista un riesgo inminente de daño irreparable".. Tales medidas se deciden en relación con los procedimientos ante el Tribunal sin prejuzgar ninguna decisiones posteriores sobre la admisibilidad o el fondo l caso en cuestión.
En la mayoría de los casos con medidas cautelares estudiados por el TEDH el solicitante solicita la suspensión de una expulsión o una extradición, aunque también se han aplicado para evitar desahucios, según las mismas fuentes. El Tribunal concede tales solicitudes de una medida provisional solo por excepcional, cuando el solicitante correría un riesgo real de daño irreversible.
El artículo 39 de las Reglas de la Corte también ha sido aplicado por el Tribunal de oficio en casos excepcionales para garantizar que el solicitante se beneficiaría de presentación en procedimientos judiciales.
Fuentes del Parlamento de Cataluña han explicado que se pedirá al Tribunal que "tutele los derechos políticos y, en concreto, el derecho a la participación política" de Puigdemont. "Esto implica su derecho a someterse a un debate de investidura, en tanto que es un diputado electo, y a ser escogido presidente si así lo decide una mayoría", resumen las mismas fuentes sobre la iniciativa de Torrent.
La demanda de medidas cautelares, según estas fuentes parlamentarias, "desborda las instituciones del Estado y pone la decisión en manos de un órgano superior que podría tutelar los derechos políticos de Puigdemont y garantizar una investidura efectiva".
La mismas fuentes aseguran que, si la demanda fuera estimada, se resolvería en 24 horas y se podría "abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont" --la demanda no está presentada aún y no hay una fecha fijada para hacerlo.