Pedirá una hoja de ruta para su cumplimiento en España y que todas las leyes incluyan una memoria de su impacto en el desarrollo sostenible
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos políticos presentes en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados se han puesto de acuerdo en una proposición no de ley en la que ponen al Gobierno 'deberes' concretos para asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, incluido el "incremento de los recursos económicos necesarios" en los Presupuestos de 2018 y el aumento de la cooperación para alcanzar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2030.
El fin de la pobreza, el "hambre cero", la reducción de la desigualdad, el agua limpia y el saneamiento, el acceso a la salud, los ecosistemas, el "trabajo decente" y la energía asequible y no contaminante son algunos de los 17 objetivos para 2030 pactados por los líderes mundiales en 2030.
El texto, que se votará este martes, precisa que ya en 2018 debería haber recursos suficientes tanto en el Ministerio de la Presidencia como en el Instituto Nacional de Estadística para ir avanzando cuanto antes en los objetivos de desarrollo sostenible. Es más, señala que "la tendencia debería ser la de un incremento progresivo y consolidado" de los recursos a disposición del Grupo de Alto Nivel creado para poner en marcha la Agenda 2030.
En cuanto a la ayuda al desarrollo, pide "recuperar progresivamente los recursos" en los PGE para elevarla hasta el 0,4 por ciento en 2020 y el 0,7 por ciento en 2030.
Los objetivos de la Agenda 2030 deben cumplirse también en España y para ello los grupos piden al Gobierno que elabore cuanto antes, "en todo caso dentro del primer trimestre de 2018", una hoja de ruta preliminar con los objetivos y las metas que debe cumplir España.
Para ello, proponen que se tenga en cuenta el informe que presentaron en septiembre Oxfam-Intermon, WWF España y Unicef-Comité Español, en el que avisaron de que en algunos indicadores España tiene mucho por hacer, como es el caso de la desigualdad, la pobreza infantil o el riesgo de erosión de los suelos.
Así, piden al Gobierno que haga un primer diagnóstico de situación, para así poder priorizar determinados objetivos o metas --en la terminología de la Agenda hay 169 "metas" agrupadas en 17 "objetivos"-- y poder hacer una primera rendición de cuentas ante el Foro Político de Alto Nivel en 2018.
Dada la complejidad técnica que supone elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible, en colaboración con comunidades autónomas, ONG y sociedad civil, los grupos piden, como "punto de arranque", un "plan de acción" que más adelante se inserte en esa estrartegia.
UNA MEMORIA DE IMPACTO EN TODAS LAS LEYES
Los grupos valoran positivamente la creación de un Grupo de Alto Nivel y el nombramiento de un embajador en misión especial. Además, avisan de que a ese grupo le corresponderá "transversalizar" la Agenda y, con ese fin, piden al Gobierno una ley para que toda norma que se tramite en las Cortes vaya acompañada de una "memoria de impacto normativo sobre el cumplimiento de la Agenda 2030".
También reclaman una rendición anual de cuentas ante el Congreso, así como la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible que represente a los agentes sociales, económicos y políticos, así como "enlaces" con el sector público y privado y un espacio 'on line' "ambicioso" para que la sociedad civil pueda participar y dar a conocer logros y proyectos piloto.
Por otro lado, piden que el Grupo de Alto Nivel no se contente con representar a España en el Foro Político de Alto Nivel, sino que tenga un "papel proactivo", potencia el papel de la UE e impulse los compromisos internacionales necesarios.
Por último, la PNL llama a coordinar todas las acciones con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para aumentar el impacto y reducir la fragmentación y los costes. También pide fortalecer a las ONG de desarrollo desde las instituciones "para hacer más efectiva su incidencia política", incluyendo una reforma de su modelo de financiación.