Tres acusadas en Gürtel Jerez aprovechan su último alegato para culpar al PP de las irregularidades

La exadministradora de Correa advierte que tiene "mucho conocimiento" de cómo funcionaba la trama

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres de los nueve acusados en el juicio por la adjudicación a la trama Gürtel del montaje del expositor del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2004 han aprovechado este jueves su turno a la última palabra para culpar al PP de las conductas irregulares que se pudieron cometer. Tras ello, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado el caso visto para sentencia.

Isabel Jordán, exadministradora de algunas de las empresas de la red corrupta liderada por Francisco Correa, ha sido la primera de los acusados en hacer su último alegato, después de que el cabecilla de la trama y su número dos, Pablo Crespo, rechazasen esta oportunidad que ofrece la ley antes de que concluya la vista oral.

Jordán, para quien la Fiscalía rebajó su petición de pena de 7 años y nueve meses a 1 año y 11 meses de prisión por colaboración, ha comenzado su intervención mostrando "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por las irregularidades que cometió trabajando en Special Events, una de las empresas de Correa. Por ello, ha advertido de que continuará colaborando con la Justicia de forma "activa", ya que tiene "mucho conocimiento y documentos de la causa" y conocer "cómo se opera en la organización".

Así, Jordán --que se ha ayudado de unas anotaciones que llevaba consigo-- ha asegurado que en las empresas de Correa "existía una normalización de conductas irregulares" que "arrastraron" a todos los que allí trabajaban: "Estaba así establecido, todo era normal. Además se encontraba esa conducta en políticos o personas que trabajaban para la administración".

"HILO CONDUCTOR DE LA HISTORIA"

En este sentido, Jordán ha querido recuperar parte de su declaración en este juicio a principios del mes de junio al considerar que le "faltaba algo" y ha intentado aportar un "hilo conductor de toda la historia": "El PP nacional contrata servicios a Rialgreen", una de las sociedades de Correa y Crespo y cuyas actividades ya fueron objeto de enjuiciamiento en el juicio por los primeros años de la red corrupta.

No obstante, la presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá, le ha interrumpido y le ha advertido de que el turno a la última palabra es un trámite para "añadir" algún aspecto a los argumentos de la defensa. "Me da la impresión que no tiene mucho interés a estas alturas que ponga de manifiesto esta reflexión que parece no tener relación con los hechos de enjuiciamiento", ha explicado la magistrada.

La interventora del Ayuntamiento de Jerez Milagros Pérez se ha dirigido al tribunal para insistir en que ella no cometió ninguna irregularidad en este expediente de contratación, sino que actuó del mismo modo que en otros procedimientos. Es más, ha incidido que ella no tenía ningún motivo por el qué ayudar al PP de Jerez porque la "castigaron".

Pérez ha defendido su inocencia apuntando que los 'populares' de Jerez, liderados entonces por la exalcaldesa María José García-Pelayo --cuya causa está pendiente de si se reabre o no--, le hicieron la "vida imposible" pues le bajaron el sueldo un "60%" y se enteró de su cese por los medios de comunicación.

"En 35 años ningún partido me ha pedido que cometa una irregularidad, un delito, y ni mucho menos me lo va a pedir la señora García-Pelayo que no me podía ni ver (*) Esta película que se ha montado en esta sala sobre mí no tiene ni pies ni cabeza porque no hay ni una sola prueba", ha afirmado, al mismo tiempo que ha insinuado que la petición de siete años que piden las acusaciones para ella es desproporcionada, ya que es lo que se solicita para "violadores, pedófilos, asesinos y traficantes de drogas".

RIVALIDAD ENTRE POLÍTICOS

Otra de las acusadas que ha hecho alusión al PP ha sido la que fuera empleada del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) Lourdes Montenegro, que ha asegurado que ella era la "última mona" en dicho organismo y que la "rivalidad entre políticos" es la que le ha "arrastrado" hasta el banquillo de los acusados.

Ha añadido que no entiende su situación procesal cuando el IPDC y el Ayuntamiento "no contaban" con ella "para nada", mientras que la "trama Gürtel es del PP" y la formación política "no está en ningún sitio".

El resto de los acusados, salvo la interventora municipal Milagros Abascal, han rechazado intervenir en la última sesión de la vista oral. En cuanto a la funcionaria, simplemente se ha ceñido a reiterar lo expuesto por su abogado sobre que "en ningún momento" realizó un "acto contrario a la ley".

Con estas palabras, el tribunal ha dejado visto para sentencia el quinto juicio de la trama Gürtel, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional, después de tres meses analizando las adjudicaciones presuntamente irregulares por un importe de más de 355.000 euros para que las empresas de Correa montase el expositor de la ciudad gaditana en Fitur y organizase, dentro del marco de la feria de turismo, un evento ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en el madrileño Parque del Retiro.

PETICIONES DE PENAS

Por estos hechos, Correa y Crespo se enfrentan a siete años y nueve meses de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil. Misma pena solicita la Fiscalía Anticorrupción para el empleado de las empresas de la Gürtel Javier Nombela.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás también piden siete años de cárcel por los mismos delitos salvo el de falsedad en documento mercantil para Milagro Pérez y Lourdes Montenegro, así como para el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera y y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez. Por otro lado, para la interventora Milagros Abascal solo se interesan dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.

El Ministerio Público sólo ha rebajado su petición inicial de pena de siete años a un año y once meses de cárcel para Jordán por su colaboración con la causa y después de que ésta reconociese que los contratos fueron amañados y se falsificaron fechas.