El Tribunal de Cuentas catalán alerta del "agujero" que impide la fiscalización total de la CUP

La Oficina Antifraude también denuncia "opacidad instrumental" de las fundaciones y las entidades afines a los partidos

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat Reyero, ha advertido en el Congreso de que hay partidos como la CUP cuya contabilidad no está suficientemente fiscalizada porque el órgano que él preside únicamente puede controlar sus gastos electorales, pero no su contabilidad anual ordinaria.

Esto es así porque desde 2015 es el Tribunal de Cuentas estatal el que tiene la competencia exclusiva para fiscalizar la contabilidad general de las formaciones políticas y sólo lo hace de las que tienen representación en las Cortes, por lo que las fuerzas que sólo tienen escaños en parlamentos autonómicos escapan a su control y los entes regionales sólo están facultados para vigilar sus gastos en los comicios electorales.

Así lo explicó Amat Reyero ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde fue citado dentro de la ronda de comparecencias de expertos en financiación de partidos que están desfilando por este órgano que preside Toni Cantó, de Ciudadanos.

El responsable del fiscalizador catalán detalló que hasta esa reforma de 2015, la Sindicatura de Cuentas sí fiscalizaba la contabilidad general de todos los partidos del Parlament y que otros órganos regionales como los de Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana tenían intención de empezar a hacerlo también en sus respectivos ámbitos, pero sus planes se vieron truncados por la última reforma aprobada en el Congreso, cuando el Tribunal de Cuentas adquirió esa competencia en exclusiva.

NI SIQUIERA SE CONTROLA TODO EL GASTO ELECTORAL

"No sé si éste hecho es bueno o malo, pero una cosa es cierta, y es que hay algunos partidos, por ejemplo la CUP en Cataluña, que tiene representación en el Parlament, donde es una fuerza importante, que al no tener representación en el Congreso están menos controlados, y eso es un agujero", expuso Amat Reyero.

Además, añadió, se da una "situación muy rara" porque, aunque los órganos regionales no pueden fiscalizar las cuentas de estos partidos sí auditan las de las fundaciones a ellos vinculadas.

En cualquier caso, Amat Reyero criticó que, en realidad los fiscalizadores no controlan el gasto electoral en sentido estricto, sino únicamente "la justificación necesaria para cobrar la subvención" a la que tienen derecho los partidos con representación, es decir, que los que no tienen opción a cobrarla, escapan al control. "Hay una parte del gasto electoral, posiblemente pequeño, que no se controla", comentó.

FISCALIZAR LA PRECAMPAÑA

El presidente del Tribunal de Cuentas catalán también echa en falta de la legislación sobre el control de los gastos electorales que se deje fuera el periodo de precampaña. "Si vamos más lejos y queremos saber realmente qué se han gastado los partidos desde el inicio hasta el final, a lo mejor hemos de plantearnos qué hacemos con ese periodo de precampaña. No van a cobrar subvenciones por eso, pero a lo mejor deberíamos ir más lejos de lo que es la subvención pública que se recibe por los gastos de campaña", argumentó.

Eso sí, cree que si se opta por cambiar el sistema actual y aumentar la supervisión de los gastos, más allá de la justificación de la subvención, habría que dotar de más recursos a los fiscalizadores, darles más competencias para poder hacer más pesquisas sobre los gastos de los partidos y "saltarse el esquema de controlar solo lo que declaran".

Ante la misma comisión del Congreso compareció el director de la oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno Jubero, quien alerta de una "opacidad instrumental" en torno a las fundaciones de las formaciones políticas y reclama cambios legales para reforzar el control sobre ellas y sobre otras entidades privadas vinculadas a los partidos.

En su opinión, "los partidos políticos están bajo un control directo bastante intenso o muy intenso", pero "no lo están tanto aquellas fundaciones y, sobre todo, aquellas entidades asimiladas que tienen relación con los partidos políticos".

FALTA TRANSPARENCIA

Así, la Oficina Antifraude realizó un estudio que detectó "disfunciones" y "distorsiones" en relación con las fundaciones, como la inexistencia de un registro público de fundaciones y asociaciones políticas, la ausencia de "fiscalización" global de las entidades, la falta de identificación de las entidades vinculadas con los partidos (sean fundaciones, asociaciones o empresas privadas), y en general un "déficit de transparencia", pues las obligaciones de publicidad sólo afectan a los partidos.

Gimeno ha denunciado en concreto la "falta de información" disponible en las páginas web, algo que no es exclusivo de las fundaciones ni de los partidos, sino que está "bastante generalizado".

"Hay una opacidad instrumental en cuanto que las fundaciones y asociaciones actúan a modo de empresa interpuesta con el partido político, y de forma incomprensible se permite que las fundaciones y asociaciones vinculadas puedan recibir donaciones de empresas privadas contratistas o adjudicatarias de las administraciones o corporaciones del mismo grupo --ha denunciado--. Esta es una distorsión que se da".

Por todo ello, ha exigido "una definición de qué es una entidad vinculada a un partido político", pues aunque la reforma de 2015 "endureció" las condiciones de financiación, mantuvo la financiación a estas entidades. "Fundaciones sabemos lo que son, estén o no inscritas, pero en todo caso están perfectamente determinadas, pero el concepto 'entidades vinculadas a partidos políticos' es muy poco claro", ha apostillado.

REGISTRO PÚBLICO DE ENTIDADES VINCULADAS

En concreto, ha propuesto crear un registro público de entidades vinculadas a partidos políticos donde la inscripción sea obligatoria y que permita inspeccionarlas. Y, además, apuesta por órganos independientes de control y fiscalización que vigilen estas sociedades, que puedan comprobar las donaciones que reciben por parte de empresas y que vigilen si los donantes luego son agraciados con adjudicaciones o contratos por parte de los poderes públicos gobernados por los partidos afines a esas entidades.

Según Gimeno Jubero "las dinámicas clientelares forman parte de la estructura misma de los partidos" y hay que seguir el principio general de que "siempre que hay gestión de fondos públicos, hay riesgo de que se produzca corrupción". A su juicio, "España tiene un problema de corrupción, no solo Cataluña", y es preciso dar un tratamiento general y tener voluntad política.