El Tribunal de Cuentas cree inadmisible que Alonso y Maroto cuestionen su independencia

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha tenido que emitir un segundo comunicado defendiendo su independencia frente a lo que considera "reiteradas manifestaciones" poniendo en duda su imparcialidad a raíz de la condena impuesta a los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto por causar un perjuicio de dinero público al Ayuntamiento de Vitoria.

Tras conocerse la sentencia hace una semana, dirigentes del PP, incluyendo uno de los condenados, el vicesecretario Javier Maroto, replicaron achacando la condena a que la instructora es una consejera del Tribunal de Cuentas elegida a instancias de IU.

La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda ya difundió una nota oficial el pasado 14 de mayo reivindicando su independencia frente a las críticas de miembros del PP, pero al ver cómo seguían abundando en el argumento, incluyendo el condenado Maroto este mismo viernes, el Tribunal ha publicado un segundo comunicado.

En ese sentido, reitera que los consejeros son designados por las Cortes Generales (seis por el Congreso y otros tantos por el Senado) y que por tanto no son de un partido concreto porque para entrar precisan del voto a favor de tres quintos de cada una de las Cámaras.

TAMBIÉN UNA EXMINISTRA DEL PP Y EL HERMANO DE AZNAR

Así lo cumplió María Antonia Lozano, que está en el departamento del tribunal que dictó la sentencia contra Alonso y Maroto y que fue propuesta en su día al Congreso por PSOE e IU, y también aquellos que consejeros que fueron promovidos en su momento por el PP como Manuel Aznar (hermano mayor del presidente de honor del PP, José María Aznar) o la la exministra del PP Margarita Mariscal.

El Tribunal sostiene que este modelo de nombramiento de consejeros es el imperante en el entorno europeo y no obsta para que los miembros del tribunal gocen de "absoluta independencia" y que la institución ejerza sus funciones, tanto fiscalizadora como jurisdiccional, "con plena independencia y con sometimiento al ordenamiento jurídico".

Por todo ello, proclama que "no resultan admisibles declaraciones en las que se cuestione la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas en el cumplimiento de sus funciones, constitucional y legalmente atribuidas".