MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un sondeo interno del Tribunal de Cuentas ha desvelado que en cuatro de cada diez informes se reflejan incumplimientos de la Ley de Transparencia por parte de las instituciones fiscalizadas, una situación que quiere corregir con una nueva Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno se aprobó con el Gobierno de Mariano Rajoy y desde 2015 el Tribunal de Cuentas viene dedicando especial atención en sus fiscalizaciones al grado de cumplimiento de los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género en el sector público.
SÓLO CUMPLE UN 27,7%
Estos principios se analizan de forma transversal en todos sus informes y un estudio del Tribunal de Cuentas sobre un total de 213 fiscalizaciones realizadas entre 2016 y 2022 revela que en 82 de ellas se detectó un incumplimiento de la ley por parte de las entidades analizadas, lo que supone el 38,5%, y que en otros 72 informes se concluyó que el cumplimiento solo fue parcial (33,8%). Es decir, sólo en 59 informes (27,7%) las entidades analizadas habían cumplido con la ley de transparencia.
Respecto a los informes donde se detectaron incumplimientos, el estudio muestra que en un 97% de los casos se fundamentaron en comprobaciones relacionadas con la publicidad activa, la información que las entidades están obligadas a publicar.
En ese contexto, el Tribunal de Cuentas ha aprobado una Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia para proporcionar herramientas para determinar qué aspectos de la Ley deben ser analizados, así como las comprobaciones y pruebas a realizar durante la fiscalización.
Estas comprobaciones, que se aplicaran en los informes que se aprueben a partir de 2014, se centrarán en los capítulos de la ley que hacen referencia a la publicidad activa y al derecho de acceso a la información pública.
En cada informe, en el apartado de resultados de la fiscalización, se reflejarán las incidencias detectadas tras la realización de las comprobaciones efectuadas, identificando el artículo de la norma al que se refieren, detallando las irregularidades detectadas en la realización del cuestionario inicial, del programa de trabajo normalizado o de sus adaptaciones y de las comprobaciones específicas, así como las buenas prácticas llevadas a cabo por la entidad fiscalizada en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.