Artur Mas tendrá que depositar una fianza de 5,25 millones por el 9-N antes de 15 días

El expresidente de la Generalitat responderá de forma solidaria si el resto de denunciados no consignan sus respectivas fianzas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los abogados de Mas y Homs hablan de "irregularidades" e "instrumentalización" en las fianzas del Tribunal de Cuentas

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El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, tres de sus consejeros y funcionarios del gobierno catalán por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas considera al expresidente de la Generalitat el máximo responsable del coste del 9-N y le obliga a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que es el importe total de todas las fianzas fijadas. Es decir, Mas tendrá que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no hayan podido afianzar.

Los 5,25 millones de euros responden a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas ha dividido el coste total en varios bloques --registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria, envío de información, entre otros-- en los que Artur Mas aparece en todos.

Al igual que Mas, el resto de personas implicadas en este procedimiento contable abonarán las cantidades señaladas de forma solidaria con respecto a cada uno de los bloques en los que se les considera responsables.

En este sentido, la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega tendrá que pagar hasta un máximo de 3 millones de euros; al exconsejero de Presidencia Francesc Homs se le ha impuesto una fianza de hasta 2,1 millones de euros; y a la exconsejera de Educación Irene Rigau 8.000 euros.

Esta cantidad, que deberá garantizarse en un plazo de 15 días o se procederá a embargar los bienes de los responsables del reférendum ilegal de 2014, es una fianza provisional que garantizará el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean condenados.

El Tribunal de Cuentas ha citado este lunes al expresidente de la Generalitat, a los tres exconsejeros, así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N para informarles de la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.

NO ACUDEN A LA CITACIÓN

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para este trámite, pues no tienen tal obligación y pueden enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada y se indica que la fase de instrucción ha concluido.

Finalmente, tras estar reunidos cerca de cuatro horas los abogados de los denunciados, las dos asociaciones y la instructora designada para investigar este caso, María Llanos Castellanos, se ha decidido excluir del procedimiento a Carolina Pardo y Jordi Serra. Los otros cinco denunciados --además de Mas, Rigau, Ortega y Homs--, que continúan en este proceso, son el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana; Lluis Bertrán i Saura; Josefina Valls i Villa; Jaume Domingo i Planas; lgnasi Genovés i Avellana.

Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

En concreto, los denunciantes individualizaron una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

INHABILITADOS POR EL SUPREMO

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.