El Tribunal de Cuentas pide poder fiscalizar las fundaciones políticas para evitar el desvío de fondos

Apuesta por regular los microcréditos y por replantearse el envío de sobres y papeletas electorales

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reclamado este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las funciones vinculadas a los partidos políticos, más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.

Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias convocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.

El máximo responsable del fiscalizador ha admitido que uno de los aspectos que más "preocupación" le generan es la "utilización de las fundaciones para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas".

Aunque, ha explicado, que "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".

Este 'agujero', que también ha sido puesto de manifiesto por otros comparecientes, podría atajarse, como ha propuesto también Álvarez de Miranda, aplicando a las fundaciones "los mismos requisitos exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones".

Además, ha puesto de manifiesto que el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.

DEFINIR DONACIONES Y APORTACIONES

También en relación con las fundaciones, Álvarez de Miranda ha reclamado que se defina claramente en la ley "la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones", dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.

Otra de sus propuestas es que se regulen de forma "detallada" las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos" --que utilizan formaciones como Podemos--, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución".

"Es preciso tener en cuenta --ha dicho-- que dichas formas de financiación novedosas deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo, por su propia naturaleza, de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación".

Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de que todas las donaciones que se realicen en periodo electoral se entiendan que son para financiar ese proceso y también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".

MEDIDAS COERCITIVAS

La necesidad de adecuar los límites de gasto en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios que brindan las nuevas tecnologías, así como la evaluación de la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.

Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas de medios coercitivos para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otros entes para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.

Álvarez de Miranda ha explicado que uno de los problemas con los que se topa el Tribunal es que algunos de los proveedores que contratan con los partidos no les envían información y ha sugerido la posibilidad de que la Agencia Tributaria pudiera facilitarles el volumen anual de operaciones de las empresas que trabajan con partidos para detectar si existen disfunciones.

CONTROL INTERNO DE LOS PARTIDOS

También ha reiterado su ya clásica recomendación de que se integre en la contabilidad de los partidos la actividad de los grupos institucionales y ha insistido en que ha de imponerse a todos los partidos un sistema de control interno sometido a auditoria.

Respecto a las elecciones locales, ha avisado de que el límite máximo de gastos para las formaciones pequeñas "puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación" y de que en muchas ocasiones, dicho límite máximo "es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral". A esto se une que si se superan esos topes se puede imponer una sanción que "suele ser desproporcionada".

En un momento de su intervención, Álvarez de Miranda ha puntualizado que "el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción", ni cuenta con las atribuciones y los instrumentos necesarios para actuar como tal, lo que ha provocado sorpresa en algunos grupos parlamentarios.

El compareciente ha subrayado que el fiscalizador está poniendo todo su esfuerzo y voluntad, al máximo nivel, para incrementar el control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su fiscalización y, para ello, ha ampliado sus medios humanos.

MANDATOS MÁS LARGOS PERO SIN REELECCIÓN

Además, ha asegurado se trata de un órgano que funciona con la "máxima independencia" y profesionalidad y que cuenta con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia "frente a cualquier injerencia ajena a la defensa del interés público".

No obstante, ha admitido que existen "posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia" y que en una futura legislación se podrían ampliar los plazos para el ejercicio de la función de miembro del tribunal, pero imposibilitando la posibilidad de ser reelegidos.

Según ha detallado, el Tribunal cuenta actualmente con 750 funcionarios, pero debería tener más para "ponerse al día" y evitar el retraso en sus fiscalizaciones, un asunto que se ha comprometido a arreglar. Además, ha deslizado que el presupuesto de este órgano es inferior al de otros similares de países de nuestro entorno.