El Tribunal de Cuentas se prepara para abrir otro frente a Artur Mas por la consulta del 9N

Fue una petición de la Fiscalía y todo apunta a que se aceptará y que se nombrará un instructor para llevar el caso

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresident Artur Mas y otros de sus consejeros y todo apunta a que aceptará el expediente y que en breve nombrará un instructor que se ocupe de dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, lo que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó.

Hace un mes, la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra el expresidente del Generalitat de Cataluña Artur Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9N" de 2014.

Con ese informe el ministerio público apoyaba la denuncia que había sido presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Según indicaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá el caso. Su labor será contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

SON MÁS DE CINCO MILLONES

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

YA CONDENADOS POR LA VÍA PENAL

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.