Tribunal de Cuentas sumará la sentencia del procés a su expediente contra Puigdemont y Junqueras por los gastos del 1-O

El Supremo cifra en 2,35 millones lo gastado en el referéndum ilegal, cantidad que podría ser embargada a los líderes independentistas

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas incorporará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, que cifra en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, a la investigación que puso en marcha antes del verano contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del Govern por el uso de recursos públicos para aquella consulta.

En los fundamentos jurídicos de su sentencia, la Sala de lo Penal del Supremo detalla partidas de gasto de diferentes departamentos de la Generalitat destinadas a financiar el referéndum que superan los 2,35 millones de euros. Son la base de la condena por malversación de fondos públicos impuesta a Junqueras y a otros tres exconsellers (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa).

Pero el Alto Tribunal no puede reclamar ese dinero, por lo que ordena que su resolución sea notificada al Tribunal de Cuentas para que, al ser la instancia competente, se ocupe de reclamarles la responsabilidad civil.

Según aseguran a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la institución que actualmente preside María José de la Fuente no necesitará abrir un nuevo procedimiento porque ya había empezado a investigar el asunto, así que aprovechará la sentencia del Supremo para sus diligencias en marcha.

DENUNCIA DE FISCALÍA, SCC Y ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS

Se trata de un procedimiento iniciado a raíz de sendas denuncias presentadas el año pasado por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución. Ambas van dirigidas contra el expresidente catalán --huido en Bélgica-- la interventora de la Generalitat Rosa Vidal y otras 17 personas, entre los que se encuentran ex miembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.

A finales de mayo, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante dio por finalizada la fase preliminar concluyendo que existen indicios de responsabilidad contable por los gastos relacionados con la organización del referéndum, y acordó pedir a la Sección de Enjuiciamiento que trasladase el asunto a la Comisión de Gobierno del Tribunal para que se designara un delegado instructor que iniciara la investigación.

La persona encargada de la instrucción, miembro de la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, investiga desde junio los indicios apuntados por Mariscal de Gante, habrá de cuantificar el dinero público desviado para el referéndum y acabará redactando un acta de liquidación provisional con el importe total, un proceso que suele durar meses y que no se espera antes de final de año.

Ese dinero deberá ser aportado como fianza por los cargos públicos señalados como presuntos responsables del desvío de fondos y, en su defecto, se les embargarán propiedades. Y será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional con sus vistas hasta concluir en una sentencia en primera instancia que puede ser recurrida ante la Sala de la Justicia del Tribunal de Cuentas. Ahí acabaría el papel del Tribunal de Cuentas y el siguiente paso sería recurrir en casación por la vía de lo contencioso administrativo en el Supremo.

En su escrito, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no fijó una cantidad concreta de gastos a reclamar, aunque sí cita, entre otras, facturas relacionadas con los locales de votación (900.906.70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería. Aquel trabajo de la Fiscalía ha servido de base también para la sentencia del procés, que ahora vuelve a la institución fiscalizadora.

Y, ADEMÁS, DIPLOCAT

Además de este procedimiento por los gastos del 1-O, el Tribunal de Cuentas se está planteando abrir otra investigación sobre las denominadas 'embajadas' catalanas y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), habida cuenta de, en su fiscalización de este órgano detectó gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

En el texto final del informe aprobado la pasada primavera, la institución fiscalizadora ya dijo que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).

ARTUR MAS YA FUE CONDENADO POR EL 9-N

Este tipo de procedimientos del Tribunal de Cuentas ya motivaron que el expresidente catalán Artur Mas y varios miembros de su gobierno fueran condenados en 2018 por responsabilidad contable en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Aquel expediente, que partió también de una denuncia de SCC y Abogados Catalanes por la Constitución, apoyada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se inició en julio de 2017, y, cinco meses después el Tribunal dispuso el embargo preventivo de los bienes que los acusados presentaron para hacer frente a la fianza impuesta.

Casi un año después, en noviembre de 2018, llegó la condena que obligó a la devolución de los 4,94 millones de euros que la Generalitat destinó a la consulta, de los que el antecesor de Puigdemont debió responder de manera solidaria con los demás condenados.