Los magistrados aceptan que los acusados declaren al final del juicio, una vez practicada la prueba de cargo
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la pieza del 'caso Púnica' relativa a León y por la que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos excargos del Partido Popular ha suspendido este lunes la vista oral para que las defensas puedan estudiar la nueva documentación aportada por la Fiscalía.
El presidente del tribunal, el juez Francisco Vieira, ha accedido a lo solicitado por la representación de los acusados y ha optado por "garantizar al máximo el derecho de defensa" y que no haya "ninguna duda" respecto del procedimiento. "Estima razonable el tribunal dar unos pocos días para que puedan estudiar esa documentación. Se acuerda la suspensión y continuación el día 28 de noviembre", ha anunciado.
El calendario del juicio tenía fijada la celebración de sesiones desde este lunes hasta el jueves en las que iba a procederse a la exposición de la prueba. Vieira ha emplazado a las partes a prepararse para "continuar con la celebración del juicio en días posteriores no previstos" inicialmente, lo que podría hacer que el mismo se extendiese más allá de la última fecha prevista: el 1 de diciembre.
El magistrado ha explicado que, "independientemente" de que el Ministerio Fiscal asegure que esa documental es "un resumen o un conglomerado" de papeles que organiza todo lo actuado hasta la fecha, las partes "tienen que comprobar" que eso "se corresponde con lo que dice" la propia Fiscalía.
El tribunal ha adoptado esta decisión en medio de las protestas de las fiscales María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá, que han acusado a los letrados que han pedido la suspensión de haber llegado al juicio "sin haber hecho los deberes". "Sin ánimo de ofender lo digo: la documentación que hemos incorporado la deben de conocer", han apuntado.
En este sentido, la Fiscalía ha apuntado que lo único que han pretendido con la aportación de esta documental es "ordenar los autos dictados por el instructor" en relación a las intervenciones telefónicas, aportando a su vez los informes elaborados por la Guardia Civil en lo relativo a las propias escuchas.
SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS INTERVENCIONES
En resumen, El Ministerio Público únicamente habría "pretendido que la sala conozca todo el material que puede servir de base para valorar la legalidad de las intervenciones", que ha sido puesta en entredicho por algunas de las defensas.
La representación de los principales acusados ha criticado que la Fiscalía haya llevado a cabo el "alumbramientos documentales" sin que las partes tengan constancia de esos nuevos papeles, y que pertenecería con otras piezas de la macrocausa 'Púnica' a la que no tienen acceso.
Esta cuestión ha provocado un cruce de reproches que ha llevado al presidente del tribunal a realizar una advertencia. "Eviten, y se lo digo para el resto del juicio, cualquier reacción por las manifestaciones que puedan hacer una y otra parte. Vamos a mantener el respeto. Ya tendrán oportunidad en su momento para manifestar lo que consideren conveniente", ha espetado Vieira.
Antes de acordar la suspensión de la vista oral, el propio tribunal ha resuelto las cuestiones previas planteadas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves. En la misma, la defensa del propio De Pedro instó a posponer la declaración del empresario hasta después de la práctica de la prueba de cargo. Se trató de una petición a la que se adhirieron otros letrados y con la que las acusaciones estuvieron de acuerdo.
"Este tribunal, si las acusaciones que son las que determinan orden de practica de prueba no tienen inconveniente en que declaren al final del juicio, así se acordará. Ya se anunció para que fueran citados este lunes varios testigos y así se acuerda. Se altera el orden de la práctica de la prueba", ha anunciado el magistrado.
El tribunal también ha explicado, en relaciones a las cuestiones previas, que resolverán todas las supuestas vulneraciones de derechos invocadas por las defensas en la eventual sentencia que dictarán una vez concluido el juicio.