El tribunal permite a la armamentística DEFEX ser a la vez acusada y acusación en el juicio por los contratos en Camerún

La Fiscalía aplaude que la nueva dirección de la compañía promoviera una "cultura de legalidad y de cumplimiento normativo"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga presuntas irregularidades de DEFEX y su ex director comercial Manuel Iglesias en contratos con Camerún ha decidido que la empresa semipública de armamento, que está acusada en este primer juicio, pueda ejercer también como acusación particular, es decir, como perjudicada.

En la sesión anterior, la defensa de DEFEX había solicitado que la empresa pasara de acusada a solo perjudicada alegando que la nueva dirección descubrió los supuestos hechos. El fiscal ha compartido esa doble condición, pero no que deje de ser acusada.

Alfonso Guevara, el magistrado que preside el tribunal, ha resuelto este jueves que DEFEX seguirá en el banquillo y que podrá comparecer como perjudicada, dándole así una doble condición, "independientemente de que a lo largo del procedimiento y en sentencia pueda determinarse si existió o no un perjuicio".

El tribunal también ha resuelto que la declaración de los acusados se haga al final del juicio, una vez practicada la prueba.

Antes, en la continuación de las cuestiones previas, la Fiscalía se había opuesto a que DEFEX quede fuera del banquillo de los acusados, como había pedido la empresa semipública, que considera que al ser su actividad de interés económico general y de políticas públicas, el Código Penal la libraba de responsabilidad penal.

Su defensa argumentó que los presuntos contratos irregulares se realizaron antes de una reforma del Código Penal que, hasta 2015, venía eximiendo de responsabilidad penal al Estado, las administraciones públicas y las sociedades mercantiles estatales que ejecutaran funciones públicas de interés para la economía general.

A esta pretensión de DEFEX, el fiscal ha contestado asegurando que es "muy difícil" que una sociedad que ejerce una actividad de interés económico general o políticas públicas "sea compatible con la que ha realizado" con su socio y comercial Philippe Bourcier, "fugado de la Justicia y con órdenes internacionales de detención, salvo que entre ese comportamiento en una esquizofrenia jurídica".

Y ha precisado que no cuestiona el origen y los propósitos comerciales de DEFEX, sino que pone la lupa sobre las supuestas actividades delictivas de la compañía no solo en esta pieza relativa a Camerún, sino también en las de Arabia Saudí, Egipto o Brasil.

El representante del Ministerio Público ha señalado que los hechos presuntamente delictivos van más allá de 2015, ya que en 2016 hubo un comité de dirección de DEFEX que tomó la "decisión" de pagar a una empresa de Bourcier y consta un correo electrónico posterior en el que un alto cargo se preguntaba si se había efectuado el pago.

EL FISCAL ASEGURA QUE EMPOBRECIÓ AL ESTADO

Según el fiscal, la política que tenía la mercantil era conseguir contratos "a base de comisiones y, a partir de ahí, estaban los subcontratistas que se beneficiaron de la operación". "No existe en estos contratos tal actividad de interés económico general, sino que más bien existe un empobrecimiento del propio Estado", ha afirmado.

Las comisiones "ilícitas", ha continuado, "encubren" cohechos internacionales, el enriquecimiento de Bourcier, una malversación de caudales públicos y un perjuicio a la sociedad semipública de armas.

En este sentido, el fiscal ha respaldado que el juez instructor concediese a DEFEX, aunque esté acusada como persona jurídica, la condición de acusación particular, puesto que ha señalado que si la antigua dirección, envuelta en presuntos casos de corrupción, fue "desleal" y cometió delitos, ello no desmerece que los nuevos administradores introdujeron una "cultura de legalidad y de cumplimiento normativo" que le permite tener esa doble posición.

"Los hechos objeto de enjuiciamiento no forman parte de una exclusión de responsabilidad penal", ha zanjado el fiscal, para pedir al tribunal que sea "muy restrictivo" con esa solicitud.

Resueltas las cuestiones previas, el tribunal ha dado paso a los testigos. En la sesión de hoy ha declarado un ex director financiero de DEFEX que ha atribuido a Manuel Iglesias la responsabilidad de establecer las comisiones que se pagaban a los intermediarios.

"Yo no las calculaba, me venían dadas", ha asegurado el testigo, que ha indicado que realizaba los pagos tras ser justificados por el director comercial. "Yo comprobaba la parte formal de la documentación y si estaba correcta, se pagaba", ha relatado.

Preguntado por un contrato de casi 100 millones de euros para un servicio de vigilancia costera y por el que Iglesias habría acordado con Bourcier primas de cinco millones, el testigo ha explicado que el modelo de financiación "admitía un 5 por ciento de comisión".

"Un comisionista lo que quiere es cobrar si te ayuda a conseguir un objetivo", ha comentado el exjefe de finanzas de la compañía, antes de exponer que las relaciones con Bourcier no eran nuevas, sino que existían desde "bastante tiempo" por otros contratos.

El que fuera director financiero ha asegurado que sin apoyo local en Camerún no se hubiera podido conseguir el contrato, que dejó a DEFEX un margen de beneficio del "10 por ciento, más o menos". Y ha añadido que las comisiones se pagaban si se cumplían los objetivos y que todas las auditorías de DEFEX fueron limpias, "sin salvedades".

BOURCIER SE QUEJÓ DE QUE NO LE PAGABAN

Por su parte, una exjefa de coordinación y ejecución ha dicho que hubo muchas reuniones con Bourcier, que se presentaba para ver cómo iban las operaciones después de que Iglesias saliera de la empresa, que está en proceso de disolución desde 2017 por estas acusaciones.

La testigo ha relatado que, "más adelante", Bourcier preguntó "alguna vez" por qué no le abonaban las comisiones y todo vino tras un cambio en la dirección. Según ha descrito, al principio no se tomaba "en serio" que los intermediarios tuvieran que justificar los objetivos cumplidos y él no estaba "conforme" con ese requisito.

Por los presuntos contratos irregulares, la Fiscalía Anticorrupción pide condenas de entre 18 y 23 años de cárcel para el antiguo director comercial de DEFEX y otros dos procesados, el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López, y el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque.

En esta pieza se juzgan presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendientes otros juicios.

Aquí se trata de los contratos firmados en Camerún entre 2005 y 2013, cuando el agente comercial Bourcier, con la participación "principal y determinante" de Iglesias como director comercial, hacía de intermediario para abonar las presuntas mordidas a través de una serie de empresas 'fantasma', según sostiene Anticorrupción.