El TS rechaza una querella que vinculaba a Batet con 'Mediador' por carecer de "los mínimos niveles de verosimilitud"

Sitúa el cambio en la comunicación de las visitas al Congreso en el "marco organizativo" de la Cámara

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido una querella presentada por la asociación HazteOir en la que acusaba a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de obstaculizar la investigación judicial del 'caso Mediador' ocultando información, al considerar que carece de "los más mínimos niveles de verosimilitud".

En un auto del pasado 2 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza la querella presentada el 14 de abril por HazteOir donde achacaba a Batet presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos, omisión del deber de impedir delitos, infidelidad de custodia, encubrimiento y prevaricación.

Según expone la Sala Segunda, la querella señalaba que Batet "estaría obstaculizando con su proceder aportar una información que el querellante considera que no debería haber ocultado de cara a una investigación".

En concreto, HazteOir atribuía a la jefa de la Cámara Baja "una intencionalidad en el cambio de la comunicación de las visitas recibidas en el Congreso por los diputados", acusándola de "encubrir instrucciones que dio para borrar datos de acceso y visitas" al diputados socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', uno de los presuntos cabecillas del 'caso Mediador'.

La asociación alegaba que "esa modificación se produjo una vez que se le estaba investigando", considerando que supuso un "cambio injustificado" y "perjudicial" para las pesquisas judiciales.

El Supremo, en una ponencia del magistrado Ángel Luis Hurtado, hace suya la argumentación del Ministerio Fiscal, que se opuso a admitir a trámite la querella al no apreciar relevancia penal en esa supuesta intencionalidad de Batet.

"Nótese que dicho cambio es comunicado a los grupos parlamentarios y, por ello, se trata de una medida que cuenta con publicidad y se presenta con carácter general en el marco organizativo del órgano", afirmaba la Fiscalía.

Al alto tribunal le parecen "acertadas" tales consideraciones "porque la querellante no aporta ningún elemento que avale esa intencionalidad de ocultación, más que el propio cambio, que tiene como explicación ese marco organizativo en el que bien cabe situarlo".

En esta misma línea, el TS critica que en la querella "no se ofrecen datos o elementos fácticos que indiciariamente pudieran aparecer como constitutivos de los delitos que se imputan, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación".

"ESCASA ATENCIÓN"

"Haciendo propia una información periodística, menciona una lista de delitos, a la que dedica tan escasa atención al juicio de subsunción que no somos capaces de encontrar ni siquiera los más mínimos niveles de verosimilitud que serían propios del momento procesal en que nos encontramos", dicen los magistrados.

Reprochan que, "para tantos delitos como menciona, poco más que telegráfica es la parte que dedica a su descripción fáctica, lo que, si es insuficiente en términos generales, con más razón lo es, cuando la mayor parte de los delitos que se citan son de una estructura fáctica compleja".

Al hilo, recuerdan que "el derecho penal es, fundamentalmente, un derecho de hechos, a los que se asocia una calificación jurídica, de manera que, sin hechos, por más que se citen artículos del Código Penal, faltará la premisa básica para derivar imputaciones penales a cualquier ciudadano".

'CASO MEDIADOR'

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife investiga esta presunta trama encabezada por Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el 'mediador'.

De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".

Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

La investigación refleja además que Fuentes Curbelo y Espinosa usaron, respectivamente, el Congreso de los Diputados y las dependencias de la Guardia Civil como gancho para captar a los empresarios ofreciendo visitas a sus instalaciones.