El TSJC procesa a Jové, miembro de la Mesa de negociación con el Gobierno, por la organización del 1-O

El tribunal le impone a él y a Salvadó una fianza millonaria de 4,5 millones y la prohibición de salir del país

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado por la organización del 1-O al diputado de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, quién además forma parte de la delegación catalana en la mesa de negociación con el Gobierno, que se constituyó en Moncloa este miércoles.

En concreto, el TSJC ha procesado a Jové, y también al diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta sentencia llega dos días después de que Jové participara, como miembro de la delegación catalana, en la constitución en el Palacio de La Moncloa de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que el PSOE pactó con ERC a cambio de su apoyo a la investidura del presidente Pedro Sánchez.

EN MONCLOA, CON UNA MOLESKINE

Jové fue uno de los últimos nombres que el Ejecutivo catalán dio a conocer de su delegación el pasado lunes, cuando informó de que su equipo contaría con más miembros de los que integraban entonces el del Gobierno --ocho, en lugar de los seis previstos--, y de que además algunos de ellos, como el propio Jové, no formaban parte del Ejecutivo.

El diputado de ERC acudió a este encuentro en Moncloa con una libreta Moleskine, el mismo modelo de cuaderno que le intervino la Guardia Civil, con anotaciones manuscritas sobre la organización del 1-O, según el auto de este viernes.

Según ha informado este viernes el TSJC, la magistrada instructora fija las declaraciones indagatorias el martes 11 de marzo a partir de las 9.00 horas, les obliga a personarse mensualmente en el juzgado, les retira el pasaporte y les prohíbe salir del país, e impone una fianza de responsabilidad civil de 2,8 millones para Jové y de 1,6 millones en el caso de Salvadó.

La magistrada Maria Eugènia Alegret, en su auto, considera que Jové y Salvadó "planearon que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Cataluña contase con la independencia", y que Jové participó en la organización y en obtener financiación, entre otros actos.

JOVÉ RESPONDE: "¡HASTA LA VICTORIA!"

Al conocer la noticia, Jové ha respondido a un tuit del TSJC informando del procesamiento: "¡Caray que eficiencia! Antes por aquí que notificarlo a los afectados. ¡Qué valientes! ¡Hasta la victoria!".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha contestado en la misma red social: "Querido Josep Maria Jové, todo mi apoyo y un abrazo de victoria", y el vicepresidente, Pere Aragonès, ha respaldado a Jové y Salvadó, advirtiendo de que no les pararán y que ganarán.

Sobre Jové, el auto de procesamiento recoge que obtuvo datos personales de los catalanes de forma irregular a través de un convenio con el Idescat firmado el 28 de febrero de 2017, supuestamente con el objetivo de elaborar un censo para el 1-O.

El convenio tenía la duración de un año y no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ni en la página oficial del Idescat en el que aparecen los convenios vigentes y no vigentes firmados por el organismo, "por lo que los particulares interesados no podían conocer que sus datos personales habían sido cedidos ni oponerse a tal cesión, ni tampoco ser impugnado".

Con estos datos también se confeccionaron las cartas dirigidas a las personas nombradas como miembros de las mesas electorales del 1-O, que fueron intervenidas parcialmente por la policía en el registro de Unipost, recuerda la magistrada.

Asimismo, se considera que supuestamente Jové desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) contra la organización de la consulta, e intervino "activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum", era conocedor de la fecha de publicación del decreto de convocatoria, y tenía en su ordenador archivos como 'modelo de papeleta', 'actas de constitución de mesa', y 'lista numerada de votantes' que coincidían con los nombres del material electoral hallado en la nave de Bigues i Riells (Barcelona).

El auto de procesamiento incluye también que el diputado actuó como "coordinador de las actividades ejecutivas del referéndum", lo que se deduce del documento 'Enfocats' y de las anotaciones manuscritas en una agenda Moleskine, además de que como responsable del área de procesos electores y consultas populares, conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el 1-O.

Además, detalla que los gastos públicos que supuestamente se realizaron o comprometieron vinculados al 1-O con conocimiento y consentimiento de Jové alcanzan los 2.166.661,13 euros, según la jueza, y que su objetivo no eran los intereses generales, sino "finalidades ajenas a las competencias que tiene encomendadas la Administración autonómica".

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA, el impuesto de Sociedades y otros especiales.

También constata que el exsecretario de Hacienda ideó un programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".

En el auto se detalla que, en el despacho de Salvadó, los investigadores encontraron documentos que "acreditan indiciariamente la participación Salvadó en la preparación de un escenario post referéndum y que revelan que parte de su actividad administrativa venía realizándose en clara contravención con los mandatos del TC".