MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La sentencia dictada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TUE) --que reconoce la inmunidad como europarlamentario del exvicepresident de la Generalitat condenado por sedición Oriol Junqueras desde la proclamación oficial de los resultados--, respalda la postura que adoptó en su día la Abogacía del Estado, que informó a favor de que el líder de ERC pudiera salir de prisión el pasado 17 de junio para jurar ante la Junta Electoral como europarlamentario.
Se trató de una postura opuesta a la de la Fiscalía, que se opuso a la concesión del permiso. El criterio del Ministerio Público fue el que finalmente adoptó la Sala que le estaba juzgando junto al resto de implicados en el 'procés' independentista en Cataluña, con el fin de no afectar al desarrollo del proceso penal que se estaba sustanciando.
La Abogacía consideraba sin embargo que era a la Junta Electoral a la que correspondía valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos.
La postura favorable a dejarle jurar el cargo, según señalaba el escrito hecho público el pasado 12 de junio por la abogada del Estado que participó en el juicio del 'procés', Rosa María Seoane, se fundaba en la doctrina expuesta por el propio tribunal tan solo unas semanas antes, cuando se concedió permiso a Junqueras y a otros presos en la misma causa que resultaron electos en los comicios generales para salir del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) donde cumplían prisión preventiva.
Tal decisión se amparó, según recordaba entonces la Abogacía, en el "ejercicio de sus derechos de representación política" para tomar posesión de sus escaños en el Congreso y en el Senado. Posteriormente, todos ellos fueron suspendidos de sus cargos en las cámaras legislativas.
INMUNIDAD
También recordaba Seane, en relación con la inmunidad de Junqueras, que "la extensión y alcance del régimen de las inmunidades de los Parlamentarios Europeos se remite al derecho nacional de cada uno de los parlamentarios".
Los Servicios Jurídicos del Estado se posicionaban así de forma opuesta a la Fiscalía, que se opuso a conceder el permiso en un informe en el que advertía que, de obtener la condición de europarlamentario, ello obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento, lo que causaría "interferencias absolutamente irrazonables" en el mismo.