Unidos Podemos impulsa en el Congreso una auditoría que ponga "luz y taquígrafos" sobre el rescate público de autopistas

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados dirigida a impulsar una auditoría pública independiente del Gobierno sobre las nueve autopistas de peaje incluidas en el Plan de Rescate del Ejecutivo, con el fin de dar "luz y taquígrafos" a este rescate e identificar deuda que IU considera ilegítima.

Según ha explicado en rueda de prensa el coordinador general de IU, Alberto Garzón, la iniciativa busca demostrar que con el rescate se usan fondos públicos para beneficio privado, una forma de "corrupción legal", ha dicho, que incide en el "engaño" que ha supuesto la política del PP.

"Lo que están haciendo los concesionarios es jugar siempre a caballo ganador y jugar siempre sabiendo que no van a tener riesgo, esto es muy discutible. Por eso hace falta una auditoria que tenga el carácter vinculante de lo político", ha añadido el concejal del ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez-Mato, quien ha presentado junto a Garzón esta PNL.

Los dirigentes de IU han explicado que esta "estafa" se ha perfeccionado gracias a un contexto de "oscuridad" y falta de transparencia, por ello defienden poner "luz y taquígrafos" a un plan que supondrá 1.000 millones de déficit a las arcas públicas, una cifra que alegan que está "minimizada" y avisan que puede llegar a "cuadruplicarse" según lo apuntado por el Tribunal de Cuentas.

"Ana Pastor como ministra de Fomento dijo que no costaría un euro el rescate, al igual que Rajoy dijo del rescate bancario. Ahora sabemos que al menos costará 1.000 millones a las administraciones públicas. Esa cifra es falsa, vuelven a mentir y a ocultar la realidad", ha denunciado Sánchez-Mato, quien ha apuntado que el rescate lo soportará una sociedad española que ya sufre "recortes dantescos".

Garzón ha apuntado que Unidos Podemos buscará respaldo en el Congreso de PSOE y Ciudadanos, entendiendo que "ningún grupo en su sano juicio" se opondrá a esta auditoría. Y hace hincapié en que este tipo de mecanismos tienen que servir para que la ciudadanía conozca que no se trata de "un error técnico, ni político" y la corrupción del PP afecta a la sanidad, la educación y a los servicios públicos pensiones.

"Esto es la contracara de los recortes, tenemos que ser conscientes que estos miles de millones salen de la educación y la sanidad publica. Repercute en tener menos camas y médicos en hospitales y profesores en las escuelas", ha recalcado el líder de IU.

CRITICA LA REPRIVATIZACIÓN

El texto que Unidos Podemos ha registrado en la Mesa del Congreso sitúa en 4.500 millones de euros el coste que cubre la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, por lo que reclama estudiar los planes de rescate de la R-2 que une Madrid con Guadalajara, la R-3 entre Madrid y Arganda, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-5 que une Madrid con Navalcarnero. Además del Eje Aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la autopista Ocaña-La Roda(AP-36), la autopista Cartagena-Vera de la AP-7 y la circunvalación de Alicante.

Además, tanto Garzón como Sánchez-Mato han cargado contra las intenciones del Ejecutivo de una vez estén saneadas las autopistas volver a licitar un contrato concesionario para su gestión. Desde IU, denuncian que este método que supuestamente busca recuperar parte del dinero invertido, en el fondo beneficiará a las mismas empresas concesionarias con el Estado de "avalista" de la operación.

Para la coalición de izquierdas la nueva privatización es un proceso "evitable", ya que existe una mayoría parlamentaria que puede evitar que el Gobierno actúe de una manera "dirigida a beneficiará a las élites privada". Sánchez-Mato reitera que la nueva privatización incluye una nueva responsabilidad patrimonial, por lo que se podría volver al escenario de rescate público si la privatización fracasa y hay un desequilibrio económico en las cuentas de la concesionaria.

"Esto es lo que hay que tratar de evitar, la iniciativa parlamentaria en si misma no paraliza el proceso, pero el debate social si puede permitir que paralice al Gobierno", ha resaltado el exconcejal de Economía del ayuntamiento de Madrid.