MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado ha anunciado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra los controles impuestos por Hacienda a la Generalitat de Cataluña, por entender que suponen la intervención de hecho de la comunidad autónoma pero sin recurrir al artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a esa vía y que debe autorizar el Senado.
Puesto que no se ha cumplido este trámite, los senadores entienden que el Gobierno vulnera su derecho fundamental a la participación política y piden la nulidad de las dos órdenes ministeriales por las que se aprobaron los nuevos controles.
"Se está haciendo por la puerta de atrás", ha dicho la portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero, para quien "se está produciendo una invasión a la autonomía de Cataluña que no tiene precedentes" y sin cumplir las vías legales. "Nos negamos a asumir que es democrático que el Gobierno ataque la autonomía por la puerta de atrás", ha añadido.
El grupo recurre las dos órdenes del Ministerio de Hacienda por las que se han tomado medidas excepcionales con Cataluña para evitar la financiación del referéndum de independencia (del 15 y del 20 de septiembre). De un lado, la decisión de pagar directamente con los recursos del sistema de financiación que le corresponden a Cataluña los servicios sociales, la educación, la sanidad y las nóminas de los funcionarios de esa comunidad.
De otro, el acuerdo de no disponibilidad del resto de partidas presupuestarias para evitar que ningún gasto vaya dirigido a la organización del uno de octubre. Hacienda reclamó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que adoptara este acuerdo pero el dirigente autonómico no lo hizo y el propio Ministerio acordó esta medida.
Unidos Podemos recurre ante el Supremo estas órdenes, pide que se declare la nulidad de ambas y mientras se resuelve el caso, que se declare la suspensión de sus efectos. El grupo ha explicado que ha emprendido la vía contenciosos administrativa en el Supremo porque es la que corresponde, pero que podrían recurrir al Tribunal Constitucional si este recurso no prospera.
LOS DERECHOS DE LOS SENADORES
Para Unidos Podemos, estas exigencias a Cataluña incumplen la propia Ley de Estabilidad porque la norma indica que el Senado debe autorizar decisiones de este calado al Gobierno. El Gobierno se apoyó en que los artículos 25 y 26 de esta norma le permiten tomar medidas coercitivas en un caso como el de la Generalitat.
Los recurrentes señalan sin embargo que ese artículo 26 establece que para tomar medidas de cumplimiento forzoso, como el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, el Gobierno actuará "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución".
Es decir, si el presidente autonómico se niega a cumplir un mandato, el Ejecutivo tendrá que tomar medidas que cuenten con "la aprobación por mayoría absoluta del Senado".
La aplicación de este precepto constitucional exige en cualquier caso la participación de la Cámara Alta, cosa que no se ha dado sin embargo con la vía empleada por Hacienda. "Se ha hurtado la posibilidad de debate, de conocimiento público y, lo más importante, de decisión y participación a través del voto en el Pleno del Senado", alega Unidos Podemos.
Entiende este grupo que se ha vaciado la Cámara Alta de sus funciones, lo que conlleva "la vulneración de un derecho fundamental a la participación política". Esto es motivo de "nulidad radical y de pleno Derecho" de las dos órdenes ministeriales, se concluye en el recurso.
La senadora de En Comú Podem María Freixanet ha acusado al Gobierno de haber suspendido de hecho el autogobierno en Cataluña y ha vuelto a pedir un referéndum acordado como única salida al problema. "Es imprescindible en Cataluña, lo piden hasta los votantes del PP según dicen las encuestas", ha agregado.
Freixanet ha responsabilizado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de la situación y le ha pedido "que rebaje la tensión", porque si en los próximos días hay violencia "serán corresponsables de la misma".
Su compañero de filas Joan Comorera ha dicho por su parte que las dos órdenes ministeriales que recurre su grupo son la demostración de que el Gobierno se ha saltado "esa Constitución que tanto dice defender".