UPyD intentará que su propuesta para regular la Corona se vote en un mes

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) acelerará el debate de su propuesta para instar al Gobierno a aprobar una Ley de la Corona y para ello pretende plantear próximamente una interpelación al Ejecutivo con el fin de que el Congreso pueda votar la subsiguiente moción en el plazo de un mes o mes y medio, según han informado a Europa Press fuentes de la formación magenta.

Hace una semana, el partido que lidera Rosa Díez registró una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a presentar en un plazo de seis meses un proyecto de ley que desarrolle del Título II de la Constitución, relativo a la Corona, para eliminar ciertas "ambigüedades" de la Carta Magna, para definir "mejor" la Jefatura del Estado dentro de las pautas propias de las monarquías parlamentarias y para aumentar su control externo.

Sin embargo, consciente de que la proposición pudiera no llegara al Pleno de la Cámara hasta el año que viene por falta de cupo para presentar iniciativas, UPyD ha decidido adelantar la discusión de esta propuesta planteando al Gobierno una interpelación, mecanismo que le garantiza la votación de un texto a la siguiente sesión plenaria.

En su iniciativa, que UPyD presentó en plena convalecencia del Rey tras su nueva operación de cadera y con el debate sobre la posibilidad de regular el papel del Príncipe de fondo, se esbozan seis cuestiones que deberían regularse mediante ley orgánica y para las que no sería necesaria una reforma constitucional. Este retoque en la Constitución sería imprescindible, por ejemplo, para suprimir la discriminación de la mujer en la sucesión.

LA INHABILITACIÓN DEL REY

En concreto, apuesta por regular los supuestos que habrían de determinar la inhabilitación del jefe del Estado, quiénes estarían legitimados para iniciar ese procedimiento y cómo se llevaría a cabo, Para UPyD, deberían ser las Cortes las que declarasen la inhabilitación, a instancias de las propias Cámaras o del Gobierno si apreciaran que el monarca no está en una situación idónea para ejercer su cargo. También habría que concretar quién sancionaría la inhabilitación, puesto que no se podría dejar en manos de la persona que va a ser inhabilitada.

Además, aboga por regular la figura de la regencia. Por ejemplo, en el caso de que el Rey afronte una incapacidad no permanente, el partido magenta es partidario de prever una regencia temporal reversible y vigente sólo durante el tiempo que dura la incapacidad o inhabilitación.

En paralelo, respecto al papel del Príncipe de Asturias, UPyD apunta que la Constitución, para evitar "una especia de diarquía", no atribuye al heredero funciones expresas y sólo le permite sustituir al Rey en algunas de naturaleza representativa. Esta circunstancia dificulta la regulación del papel del Príncipe porque podría resultar inconstitucional, por eso su apuesta es una regencia temporal reversible que permita al heredero asumir las funciones del Rey durante un periodo determinado.

REGULAR EL ESTATUS DE TODA LA FAMILIA

También señala la necesidad de desarrollar la posible inhabilitación del Príncipe, el estatus jurídico de sus derechos y deberes como miembro de la Corona. En la misma línea, quiere regular los derechos y obligaciones del resto de los miembros de la Familia Real, algo que, a su juicio, "ayudaría a evitar situaciones como las que atraviesa actualmente la Familia Real".

Respecto a la abdicación o la renuncia, la formación magenta apunta que existen dudas entre los constitucionalistas sobre si exigirían una ley orgánica para cada caso o si bastaría con una ley orgánica general que se completaría en cada caso con sendos acuerdos de las Cortes.

Otro de lo puntos que UPyD quiere que se regule es el refrendo de los actos del Rey y su inviolabilidad. Según la Constitución, todos los actos de monarca, salvo el nombramiento del personal de su casa, han de ser refrendados, pero el partido de Rosa Díez cree que también la elección de estas personas debería estar controlada por el Gobierno para evitar el fichaje de "personas incompetentes o políticamente incorrectas".

Asimismo, plantea clarificar el significado y alcance de la inviolabilidad, dado que los constitucionalistas no se ponen de acuerdo en si afecta sólo a su actividad como jefe del Estado o a todas sus decisiones aunque tengan carácter privado. Tampoco está claro, aduce, si la inviolabilidad se perdería en el caso de dejar la Jefatura del Estado.

La formación magenta quiere que se defina con precisión en "qué marco ha de moverse la libertad del monarca en relación con las decisiones de su Casa y quién debe asumir la responsabilidad de sus decisiones". Es decir, defiende aumentar el control externo sobre estos asuntos, así como sobre la dotación de la Casa del Rey y el uso que se le da.