Víctimas piden a la AN que prohíba una manifestación en favor de presos de ETA

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este martes ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de una manifestación convocada para el día 14 de Enero de 2.017 en Bilbao por la plataforma de apoyo a presos de ETA SARE bajo el lema "Nos van a oír, nos van a sentir. Euskal Presoak Herrira. Derechos Humanos, resolución, paz".

La denuncia señala que el portavoz de dicha organización, que pudiera ser una continuación de la ilegalizada HERRIRA, ha manifestado que pretenden lograr "compromisos multilaterales para la resolución del conflicto".

Para APAVT, sin embargo, la finalidad de la concentración no es otra que "ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de fallecidos y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda", lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo.

Es evidente que, aunque puede entenderse como una reivindicación de traslado de los presos a la Comunidad Autónoma Vasca, en el fondo subyace una reivindicación de excarcelación de los presos que, no olvidemos, cumplen condenas por gravísimos delitos, según señala la denuncia presentada.

Para la asociación de víctimas, las reivindicaciones que realiza SARE coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban HERRIRA y anteriormente ASKATASUNA, es decir: el acercamiento de los presos de ETA, su amnistía y la defensa de sus derechos civiles y políticos. "Consecuentemente, detrás de SARE pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades", señalan en una nota distribuida este martes.

Por todo ello, desde la asociación se solicita la prohibición de la manifestación convocada para el 14 de enero de 2017 en Bilbao y que se dirijan oficios a Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzainza para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada.