La vigilancia del TS y las dudas sobre investir a Puigdemont marcan el arranque de la Legislatura catalana

De los 70 electos independentistas, 17 están imputados, 4 exconsejeros han renegado del 'procés' y Forcadell se ha echado a un lado

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La instrucción que está llevando a cabo el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre los implicados en el 'procès' para lograr la independencia de Cataluña, así como las dudas que plantea ERC para investir a Carles Puigdemont estando huido de la Justicia y el temor a las posibles consecuencias judiciales, son los factores que están marcando el arranque de la Legislatura catalana, que dará comienzo el próximo miércoles.

De hecho, de los 70 diputados electos que suman Junts pel Cat, ERC y la CUP, un total de 17 figuran como investigados, aunque dos de ellos aún no han recogido su acta de diputados, los exconsejeros huidos en Bélgica Lluis Puig y Clara Ponsatí.

Los 17 parlamentarios catalanes imputados tienen circunstancias procesales distintas. Además, 15 de ellos están siendo investigados por el Tribunal Supremo mientras que otros dos los son en el procedimiento que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona: Josep María Jové --considerado mano derecha de Junqueras en la vicepresidencia-- y Lluís Salvadó --secretario de Hacienda--.

Así, el expresidente Carles Puigdemont está huido de la Justicia, junto con Tomi Comín y Meritxell Serret. Mientras que el exvicepresidente, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión preventiva al igual que el exconsejero de Interior, Joaquín Forn y el presidente de la ANC Jordi Sánchez.

Algunos de los diputados que están siendo investigados están en liberad provisional. Este es el caso de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que salieron de prisión tras pagar las fianzas de 100.000 euros que les fueron impuestas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

También quedaron en libertad bajo fianza tras declarar en el TS la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que se vió obligada a abonar 150.000 euros, así como el miembro de la Mesa del Parlament Lluis Guinó, que tuvo que depositar 25.000 euros para no ingresar en la cárcel.

DESERCIONES Y TEMORES

Pero en la constitución del Parlamento catalán no sólo va a pesar la situación procesal de estos 15 diputados, también están influyendo las deserciones y los temores a las consecuencias que puedan acarrear los pasos que den los independentistas de ahora en adelante, entre otros, si se elige o no a un presidente huido y de forma telemática.

De hecho, de los 14 miembros del Gobierno de Puigdemont que fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, sólo hay 9 en el Parlamento catalán. La primera 'baja' fue la de Santi Vila después de renegar ante la juez de la Audiencia Nacional del 'procés', lo que le sirvió para no pisar la cárcel.

Meritxel Borrás sí ingresó en prisión, pero salió con fianza de 100.000 euros y rechazó el ofrecimiento de Puigdemont de ir en las listas. Carles Mundó, que también fue puesto en libertad bajo fianza y concurrió en las listas electorales de ERC ha declinado recoger su acta de diputado y ha dejado la política cuando se barajaba su nombre para ocupar la presidencia del Parlament.

Además de estos movimientos, varios diputados se han visto obligados a retractarse y han prometido al juez del Tribunal Supremo que no seguirán por la vía unilateral y que acatarán la Constitución con el fin de lograr que les deje en libertad. Así lo han hecho esta misma semana el exconsejero de Interior, Joaquím Forn y Jordi Sánchez.

Sin embargo, el juez no ha accedido a sus peticiones, ni tampoco a la de Oriol Junqueras y les mantendrá en prisión preventiva. Eso sí, el magistrado ha dejado en manos de la Mesa del Parlamento catalán que los tres diputados encarcelados puedan delegar el voto porque su situación supone una "incapacidad prolongada debidamente acreditada" como marca la ley.

Por este motivo, el PSC y Cs han solicitado a la Mesa que pida un informe a los letrados sobre la obligación de los diputados de asistir al Pleno. Sin embargo, la petición que ha realizado la todavía presidenta de la Cámara regional ha sido sobre la constitución del Parlament, pero no sobre la investidura.

No obstante, esta última ya ha anunciado que no repetirá en el cargo admitiendo que se requiere una figura libre de procesos judiciales. De hecho, ella misma, para evitar la cárcel, se vio obligada a rechazar ante el juez la posibilidad de alcanzar la independencia por la vía unilateral y acató la legalidad, al igual que tuvo que hacer Lluis Guinó, quien ha repetido como diputado, y el resto de miembros independentistas de la Mesa --Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet--, aunque estos últimos no concurrieron a las elecciones del 21-D.

RETICENCIAS DE ERC

A todos estos factores se suma la reticencia de ERC a investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat. De hecho, el acuerdo alcanzado por Marta Rovira con el expresidente ha sido sólo para la elecciones de la Mesa del Parlamento, pero de momento no lo es para la investidura.

La formación republicana dijo en un primer momento que si el president quería repetir tendría que volver a Cataluña y ahora se remite a lo que digan los letrados de la Cámara legislativa catalana sobre la posibilidad de elegir a un presidente de manera telemática.

En este contexto, los servicios jurídicos del Gobierno Central ya han adelantado un informe en el que se deja claro que la investidura es un acto de carácter "indelegable" y "exige un debate presencial". De hecho, avisa de que una investidura telemática plantearía "un primer problema en el momento de la toma de posesión del cargo" y más adelante la "dificultad" de presidir reuniones de gobierno o la firma de acuerdos y disposiciones generales.

En cualquier caso, la fisonomía del Parlamento catalán podría variar a lo largo de la Legislatura una vez que se produzcan los juicios de los procedimientos en los que están incursos sus 15 diputados imputados. Si hay condenas por los delitos de los que se les acusa --rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y prevaricación--, los condenados resultarían inhabilitados y tendrían que dejar el escaño.