MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra DEFEX, su ex director comercial Manuel Iglesias y varias subcontratas y directivos de éstas por una presunta contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos en Camerún a través del pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios, ha quedado este lunes visto para sentencia tras la renuncia de los acusados al uso de la última palabra.
Durante las sesiones celebradas, los acusados han rechazado de plano la tesis del Ministerio Fiscal y han negado esas dádivas a funcionarios del país africano. Se les imputaba presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendiente la celebración de otros juicios por prácticas corruptas en Angola o Arabia Saudí.
Durante la jornada de este lunes los acusados --Manuel Iglesias, Óscar López (Aresa) y Francisco Luque (Deimos)-- han rechazado hacer uso de la última palabra, por lo que el tribunal ha dado por concluido y visto para sentencia este juicio que, como curiosidad, ha sido el último del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado de la Audiencia Nacional, dada su incorporación como magistrado del Tribunal Constitucional.
DEIMOS Y ARESA
Este lunes, la vista ha empezado con la continuación de los informes de las defensas. El primero de ellos ha sido el del letrado de la empresa Deimos, subcontratada por DEFEX para realizar trabajos en Camerún, quien ha señalado que la prueba durante el juicio ha desmontado los argumentos de la acusación porque no ha quedado acreditada la existencia de sobornos o dádivas a funcionarios y no ha existido lesión de la libre competencia.
Además, ha añadido que los contratos firmados por Deimos no fueron simulados y añade que no obtuvieron un beneficio o ventaja indebida. Al hilo, ha negado también que hubiera blanqueo de capitales, y ha recordado que no se trataba de fondos públicos españoles sino de fondos de Camerún, perfectamente lícitos. Y ha apuntado que los pagos que hicieron a la empresa del intermediario Philippe Bourcier también eran lícitos.
Por su parte, la defensa de la mercantil Aresa ha incidido en que no hay hecho que pueda ser constitutivo de delito por parte de esta empresa o de su presidente Óscar López. A su juicio, ha quedado demostrado a lo largo de las sesiones que cumplieron con las obligaciones del contrato con DEFEX en tiempo, en forma y a satisfacción del cliente.
Al hilo, y sobre la contratación de las empresas del intermediario Bourcier --quien supuestamente habría sido el responsable de realizar los pagos fraudulentos a funcionarios--, ha apuntado que dado que Aresa nunca había trabajado en suelo camerunés era necesario trabajar con apoyo local.
Y ha añadido que Bourcier, como agente de confianza de DEFEX desde 1999, fue recomendado por la armamentística y contaba así con buenas referencias además de que tenía conocimiento pleno de las obligaciones a ejecutar en Camerún.