MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar al exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann por autorizar la ejecución de ocho presos entre 2005 y 2006 que se amotinaron o intentaron fugarse de dos cárceles del país centroamericano, ha dejado visto para sentencia este miércoles el juicio.
En una jornada en la que el equipo jurídico que le representa ha informado a lo largo de tres horas en contra de la petición de pena de la Fiscalía, que reclama 160 años de prisión y de la acusación particular que solicita 200, el exministro ha declinado hacer uso de su derecho al uso de la última palabra.
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional comenzó a jugar el pasado 10 de enero al exministro, con nacionalidad española y guatemalteca, acusado de elaborar, junto a otras seis personas, los planes 'Gavilán' y 'Pavo Real' para la captura y la ejecución de ocho presos en las cárceles conocidas como 'El Infiernito' o Pavón. La celebración de la vista oral ha tenido lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento de Vielmann.
El fiscal Pedro Martínez Torrijos solicita 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años y la indemnización de 300.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos. Por su parte, la acusación pide 200 años por el delito de lesa humanidad por las 10 víctimas --dos víctimas más de las que indica la Fiscalía-- que murieron en estas dos prisiones.
El representante del Ministerio Público considera a Vielmann responsable de ocho asesinatos y ha subrayado que debido a su condición de ministro debía conocer los hechos y haberlos evitado. Es más, el fiscal ha citado durante su informe la sentencia por el secuestro de Segundo Marey.
El Tribunal Supremo condenó por estos hechos a 10 años de prisión al ex ministro del Interior José Barrionuevo. Según ha recordado Martínez Torrijos el Supremo respaldó la condena al considerar probado el conocimiento por parte del entonces titular de Interior de las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Vielmann negó rotundamente ante el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel haber participado en estos dos planes de captura de reos. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer. Tengo una familia integrada, mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitir participar por matar a siete reclusos", afirmó.
'PLAN GAVILÁN' Y OPERACIÓN 'PAVO REAL'
El escrito del Ministerio Público relata en su escrito de acusación que Vielmann diseñó el denominado 'plan Gavilán' para la "búsqueda y recaptura" de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito'. Según apunta el fiscal, el exministro y sus subordinados decidieron que tras la captura de los fugados, éstos no sería entregados a las autoridades penitenciarias, como estipulaba el 'plan Gavilán', sino que serían puestos a disposición del equipo policial para "matarlos".
En esta operación, el 3 de noviembre detuvieron en una vivienda, a la cuál se accedió sin orden judicial --recuerda el escrito de la Fiscalía-- al prófugo Edwin Santacruz Rodríguez, el cuál apareció muerto.
En el mes de junio de 2006, el procesado diseñó otra operación para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes. Según el fiscal, en esta ocasión el denominado 'plan Pavo Real' tenía un objetivo "paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad".
Este plan, que se puso en marcha el 25 de septiembre de ese mismo año, fue presentado al entonces presidente de la República de Guatemala, Óscar Berger, quien "dio su autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro", dice el fiscal. En esta operación murieron siete personas.
HECHO "VALIENTE Y MUY APLAUDIDO"
El expresidente, que compareció en este juicio en calidad de testigo, lamentó la muerte de estos siete presos, pero destacó que fue un "hecho valiente y muy aplaudido" tanto por los medios de comunicación como por los guatemaltecos. "La verdad, nos sentíamos muy orgullosos de haber aceptado el reto", añadió.
También afirmó que esta operación entraba dentro de los motivos por los que los ciudadanos de Guatemala le "habían elegido" como presidente, ya que la situación del Estado estaba "totalmente debilitado" y la situación del sistema carcelario en "crisis permanente".
El exministro guatemalteco fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no ejecutara la petición de extradición que había formulado.