Anticorrupción rebaja su petición a 7 años y 3 meses para el líder de Gürtel y estudia ahora si investiga al expresidente valenciano
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) dirigido contra 19 personas, entre ellos los líderes de la trama Gürtel y la excúpula de la formación política que dirigía entonces Francisco Camps, ha quedado visto para sentencia este martes.
Tras 28 sesiones de la vista oral que comenzó el pasado 15 de enero y que se ha celebrado entre las sedes que la Audiencia Nacional tiene en la capital y en el municipio madrileño de San Fernando de Henares; algunos acusados, testigos y peritos han afirmado que la empresa de la trama Gürtel Orange Market giró facturas falsas para cobrar los servicios prestados para organizar actos electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 y que la formación política pagó parte de ellos con dinero negro.
Ahora es el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, el que tiene que decidir si absuelve o condena a los 19 acusados en este juicio, atendiendo a las penas que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano para cada uno de ellos.
Entre los acusados se encuentran el cabecilla de la 'Gürtel', el empresario Francisco Correa; el exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la trama, Pablo Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. En el banquillo también se han sentado la excúpula de la formación política regional como el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla; el exsecretario general de los 'populares' valencianos Ricardo Costa; y el exdiputado regional David Serra.
El PP PAGÓ 3,4 MILLONES DE EUROS EN LAS CAMPAÑAS DE 2007 Y 2008
El procedimiento se ha centrado en averiguar cómo pagó el PP sufragó los gastos generados por la sociedad de Correa. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el partido abonó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron pagados por los empresarios.
Actos como el que protagonizó Mariano Rajoy como candidato a La Moncloa en la plaza de toros de Valencia, para el que Camps hizo la "petición expresa" de que se pagasen con dinero negro "complementos" como fuegos artificiales, una banda de música o pantallas, según contó Costa durante su declaración.
Precisamente durante el juicio, la mayoría de los imputados han reconocido estos hechos de acusación, entre ellos los líderes de la Gürtel y el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Además, nueve empresarios confesaron, primero ante Anticorrupción y luego frente al juez, que sufragaron las facturas falsas que la empresa de Correa les remitió en relación a estos actos.
En este sentido, Correa reveló que el PPCV, y precisamente Costa, que era con quien se comunicaba, les indicó a quiénes tenían que facturar si "querían cobrar". Más allá fueron Crespo y 'El Bigotes' que advirtieron durante sus declaraciones de que Francisco Camps era la persona que dio la orden a su mano derecha en el gobierno autonómico para que la trama facturase a terceros.
Una afirmación que fue corroborada después por el propio Ricardo Costa que además apuntó que comunicó de las decisiones de Camps a la dirección nacional del PP y que al reunirse con el extesorero Luis Bárcenas, éste le recordó que estas prácticas están prohibidas en el partido.
Ante todo esto, la Fiscalía Anticorrupción informó que espera a que concluya la vista oral para decidir si investiga al expresidente valenciano, una vez que valore la prueba practicada y la trascendencia de las declaraciones vertidas por los acusados. El ex líder de los 'populares' en la Comunidad Valenciana negó todas estas acusaciones cuando compareció como testigo en este juicio.
Además, el Ministerio Público ha concluido que ha quedado comprobado que la formación política generó una deuda "muy elevada" por los servicios contratados con Orange Market, y que éstos fueron pagados con "dinero negro". También que el sistema de facturación falsa no eran "tres papelitos", sino una "trama" que trataba de "ocultar" los pagos en 'b' de los 'populares' valencianos.
Pese a todas estas revelaciones, los fiscales sólo han considerado aplicar la atenuante de confesión a los nueve empresarios con los que pactó antes del inicio de la vista oral y a Francisco Correa. De este modo, para el líder de la Gürtel solicita siete años y tres meses de prisión, cuando inicialmente solicitaba 22 años de cárcel.
Por otro lado, también ha rebajado su petición para Crespo, 'El Bigotes' y Costa pero sin contemplar esa atenuante por reconocer los hechos. Algo que no ha sido de agrado para estos acusados, cuyas defensas han mostrado su disconformidad.
Ha sido el propio Pérez quien haciendo uso de su última palabra ha anunciado que "no va a volver a colaborar con la Justicia" porque el Ministerio Público no ha tenido en cuenta su confesión durante el juicio. "¿De qué me sirve?", se ha preguntado.
El final de la vista oral ha coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma las condenas de hasta 13 años de prisión impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en febrero de 2017 contra los líderes de la Gürtel y exmiembros del Gobierno valenciano por amañar los contratos públicos para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.
"Hoy ha perdido la verdad", ha dicho 'El Bigotes' durante su última intervención en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV, mientras Correa se mostraba desolado, cubriéndose la cara con la mano. Una vez que el juez Vázquez Honrubia ha dicho que el juicio queda visto para sentencia, Francisco Correa se ha secado las lágrimas.
OTRAS PIEZAS DE LA GÜRTEL
Este es el segundo juicio que celebra la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, que estalló en febrero de 2009. El primero de ellos --que duró un año y un mes y se está a la espera de conocer la sentencia-- fue el relativo a la primera época de actividades de la red corrupta (1999-2005) encabezada por Francisco Correa, en el que se juzgó a una decena de exdirigientes del PP, entre ellos al extesorero Luis Bárcenas.
Aún queda por juzgar las piezas relacionadas con los denominados 'Papeles de Bárcenas'; la organización de la visita del Papa en Valencia en 2006; la relativa a presuntas adjudicaciones irregularidades concedidas por el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y por sobornos por parte de la Gürtel a directivos de Aena y las irregularidades cometidas en la empresa pública. Precisamente, de los tres tribunales que juzgarán estas piezas la Audiencia Nacional ha apartado al magistrado Juan Pablo González de ellos, al aceptar la recusación presentada por las acusaciones populares por su vinculación con el PP.
Por otro lado, aún se está instruyendo en la Audiencia Nacional la pieza 'Época II: 2000-2009', relacionada con su actividad en Boadilla del Monte y Arganda del Rey (Madrid).