MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
María Rosario de la Torre, viuda del fiscal asesinado por ETA en 2000 Luis Portero, ha acusado este martes al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blanquear" desde 2019 a la "maldita lacra" de ETA y de "mercadear" con Bildu con los presos de la banda terrorista "para seguir aferrado al poder, arropando así a los asesinos y no a las víctimas".
Así se ha pronunciado este martes en el acto de homenaje que se ha celebrado en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en recuerdo de la figura del fiscal.
De la Torre, que ha sido la última en tomar la palabra, ha dirigido un discurso duro contra el Gobierno y contra el PSOE, añadiendo además que 24 años después de la muerte de su marido, el PSOE "sigue traicionando a todas las víctimas del terrorismo, incluidas las que murieron defendiendo las ideas de su partido".
"Desde el año 2018, el PSOE ha acercado a todos los presos a prisiones del País Vasco y en 2021 efectuó la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco. Así es como se lavan las manos Sánchez y Marlaska", ha incidido atacando también la gestión del ministro del Interior.
Al hilo, ha recordado que la "casualidad" ha querido que el primer preso de ETA al que se le concede el tercer grado penitenciario --una suerte de semilibertad-- por parte de la consejera vasca del Partido Socialista de Euskadi (PSE) sea Harriet Iragi, el etarra "que apretó el gatillo" para asesinar a su marido en Granada.
"Iragi tiene tan solo 47 años y ha cumplido menos de la mitad de la pena a la que había sido condenado: 54 años. Ya tenía concedido un segundo grado con el que disfrutaba de semilibertad de lunes a viernes, durmiendo tan solo en la cárcel. El otro asesino, Igor Solana, tiene concedido el tercer grado desde junio de 2024, duerme en la cárcel de lunes a viernes y tiene libres los fines de semana", ha recordado.
"RETORCER LA LEY"
De la Torre, en su discurso, ha lamentado que Sánchez "retuerza la interpretación de las leyes" para sus negociaciones con Bildu en el Congreso. Y ha enfatizado que "ese uso alternativo del derecho" se permite gracias a "algunas leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria del Gobierno" y gracias a "algunos funcionarios, fiscales y jueces, que fuerzan una interpretación más o menos rígida o laxa de las normas, según convenga a los intereses del partido del Gobierno".
Y ha puesto como ejemplo las concesiones de terceros grados, "que infringen gravemente las dos condiciones" que establece la Ley General Penitenciaria para su concesión. "Debe haber una declaración expresa de repudio de las actividades terroristas y petición expresa de perdón a las víctimas, y una colaboración activa con la justicia en el esclarecimiento de crímenes cometidos por ETA", ha recordado.