Vox pide medidas cautelares para Rovira, que ha dicho que la DUI no tuvo "efectos jurídicos"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por el 'procés', ejercida por el partido Vox, ha solicitado la imposición de medidas cautelares a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras escuchar su declaración ante el magistrado Pablo Llarena. Ha calificado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de "manifestación política sin efectos jurídicos".

Entre las medidas a adoptar, Vox valorará la de prisión preventiva, han señalado a Europa Press fuentes presentes en la declaración que a las once y media se sigue desarrollando en el alto tribunal.

La petición obligará a celebrar una vistilla para que todas las partes -incluida la Fiscalía, que en principio no iba a pedir medida alguna para la diputada catalana- puedan posicionarse sobre la idoneidad o no de aplicarlas si bien la decisión última será del juez Llarena.

Según las mimas fuentes, Rovira ha manifestado que trató de acudir a todas las reuniones a las que era convocada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en relación con el denominado 'procés' en Cataluña.

También ha manifestado que la declaración de independencia fue una declaración o manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior.

Rovira ha comenzado a declarar a las nueve y demostrado según la acusaicón popular tener una especie de "amnesia selectiva" sobre su papel en las diferentes reuniones que se celebraron en relación con este proceso. También habría reconocido que conoció la conocida como "hoja de ruta" que firmaron todos los partidos independentista en marzo de 2015 y que ella suscribió en representación de ERC.

Rovira ha respondido a las preguntas que ha realizado la exfiscal general del Estado y fiscal del Supremo Consuelo Madrigal, que ha estado asistida por su compañero del Ministerio Público Jaime Moreno

Diferentes documentos e intervenciones telefónicas que obran en el procedimiento la sitúan como pieza clave en la organización del referéndum ilegal y de otros actos investigados por ser presunta rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.