Vox pide al Supremo que pregunte al TJUE si amnistiar la desobediencia al 'procés' vulnera el Derecho de la Unión

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce Vox en la causa del 'procés' ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si amnistiar la desobediencia al exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de condenados del 'procés' vulnera el Derecho de la UE.

La formación ha presentado un recurso de súplica, al que ha tenido acceso a Europa Press, en el que solicita al alto tribunal que eleve una cuestión prejudicial al TJUE "al efecto de que interprete" si la norma afecta al principio de igualdad, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la independencia judicial recogido en el Derecho comunitario.

El partido responde así al auto del Supremo del pasado 1 de julio por el que rechazó amnistiar la malversación pero vio amnistiable la desobedencia. En aquella resolución, el tribunal preguntó a las acusaciones y defensas si veían pertinente consultar al Tribunal Constitucional (TC) sobre el encaje legal de la ley de amnistía, pero descartó acudir al TJUE.

Vox solicita ahora los magistrados que reconsideren su decisión e insiste en la necesidad de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo. Según subraya, la finalidad de la norma "no es otra que el interés de un partido político de seguir gobernando España" y "el derecho a la tutela judicial efectiva resulta comprometido porque la ley de amnistía violenta la independencia judicial".

Además, insiste en que el Derecho de la UE no reconoce un derecho de secesión de territorios que formen parte de Estados miembros. "Es cabal aseverar que el principio de integridad territorial de los Estados (...) es, a mayor abundancia, también un principio del Derecho de la UE, lo que deja al margen y en contra de éste el propósito de secesión territorial de Cataluña, que fue el rector de los actos penalmente reprochables enjuiciados en la causa de referencia", apunta.

El escrito de Vox se circunscribe a la causa relativa al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes aún tienen vigentes sus penas de inhabilitación tras haber sido condenados en 2019 por el Supremo.