Vox propone recuperar recurso previo de inconstitucionalidad para las Leyes Orgánicas ante "transgresiones" del Gobierno

Alerta de que con el Ejecutivo y su "mayoría de progreso" está en juego "la propia supervivencia del régimen constitucional"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad (RPI) para que pueda haber un control de la adecuación de los proyectos de ley orgánica a la Carta Magna antes de que sean aprobados definitivamente, ante las "transgresiones" que augura contra el orden constitucional por parte del Gobierno y de la "mayoría de progreso" que le apoya.

El grupo parlamentario de Vox propone reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para modificar los artículos 2, 10 y 79 para atribuir al TC el "control previo de constitucionalidad en los casos previstos en la Constitución (CE) y en la presente ley orgánica", de modo que incluya el actual control previo sobre los tratados internacionales, los proyectos de estatutos de autonomía y sus propuestas de reforma y abarque también los proyectos de ley orgánica.

El partido de Santiago Abascal plantea que la tramitación de dichos recursos se mantenga conforme al modelo vigente "con dos salvedades". La primera, para prohibir que el proyecto de ley orgánica impugnado se someta a sanción y promulgación antes de que transcurra el plazo para interponer el RPI, estableciendo un plazo mínimo. Y la segunda, para establecer un término improrrogable de un mes para que el TC resuelva.

Vox sostiene que "es necesario que, entre las herramientas de que dispone el ordenamiento vigente para defenderse, se articule la reintroducción en la LOTC del RPI para aquellos supuestos en los que están en juego normas que ocupan, bajo la CE, 'el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental': las leyes orgánicas, (...) que forman parte del llamado bloque constitucional".

A su juicio, "solo así podrá garantizarse que cualquier reforma de la arquitectura jurídico-política que los españoles nos dimos libremente en 1978 se lleve a cabo de forma democrática, respetando los derechos de la minoría y recabando la intervención del TC, máximo intérprete de la CE, para asegurar su compatibilidad con el ordenamiento vigente".

FUTURAS "TRANSGRESIONES"

Además, afirma que "solo así será posible asegurar que la estructura constitucional del Estado no resulta debilitada por una mayoría con voluntad inequívoca de modificar el orden constitucional", ya que --según su pronóstico-- "el futuro inmediato anticipa numerosas 'transgresiones' de la legalidad constitucional en nombre de una mayoría de 'progreso', y no solo por parte del Gobierno".

Vox toma como precedente de estas futuras transgresiones las "numerosas decisiones" adoptadas por el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos desde su puesta en marcha y que, en su opinión, "cuestionan los fundamentos del Estado nacido con la CE".

A modo de ejemplo, indica que "se ataca el modelo de Estado y la unidad e integridad de la nación", mencionando en este sentido el rechazo de Unidas Podemos y su líder, el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, a la monarquía; y "se ataca a las instituciones del Estado, por parte del Gobierno y la mayor parte de sus aliados", entre los que señala a Bildu y ERC, "con el fin de debilitarlas desde dentro".

También denuncia que "se asalta la independencia judicial", basándose en las dos proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para modificar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial --que pasarían de tres quintos a mayoría absoluta-- e impedir que un CGPJ caducado, como el actual, pueda realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

"A lo anterior se suman otras medidas de carácter antidemocrático e iliberal llevadas a cabo por el Gobierno, como el proyecto de ley de 'memoria democrática', que manipula la Historia y profundiza en el enfrentamiento entre los españoles, la supresión del castellano como lengua vehicular en la educación en Cataluña o la orden ministerial por la que se atribuye al Gobierno la facultad de velar por la veracidad de la información", remacha.

Vox alude igualmente a la "prórroga cuasipermanente" del segundo estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre en el Congreso, con la que --apunta-- "se suprimían 'motu proprio' los contrapesos de poderes definitorios de cualquier régimen democrático". "Esta ocasión puede ser la primera de muchas", advierte.

LA MAYORÍA 'PROGRE'

"En definitiva", alerta el partido, "la dinámica política actual está integrada por una mayoría que lleva a cabo decididos intentos de 'superar' el régimen plasmado en una Constitución que los españoles apoyaron masivamente, sin respetar sus propios procedimientos de reforma".

También reprocha a esta mayoría que "pretende situar fuera de la ley y deslegitimar a la minoría, calificándola como peligrosa, extrema derecha, fascista, heredera del régimen de Franco y, en los últimos días con más fuerza, como golpista" para "eliminarla como una opción política democrática alternativa".

Frente a ello, la formación política reivindica que "la democracia nunca puede entenderse como la imposición de la mayoría, con derecho a todo por la simple invocación de la voluntad popular". "El Estado de Derecho debe ser salvaguardado", subraya.

UNA FIGURA YA PROBADA

El propio Vox recuerda en la proposición de ley que el RPI de las leyes orgánicas ya se probó en España, llegando a aplicarse en siete ocasiones, pero finalmente se derogó debido a la tardanza en la resolución de las consultas presentadas al TC, por lo que "fue habitual que leyes de enorme relevancia para la realización del programa político del Gobierno quedasen paralizadas por la inacción del TC", algo que reconoce como "difícilmente admisible", por lo que ahora propone fijar el plazo máximo de un mes.

Años después, en 2006, el Consejo de Estado estimó conveniente recuperar el RPI como "arma para vigilar la compatibilidad de los futuros estatutos" de autonomía, un argumento que Vox considera "perfectamente extrapolable, 'mutatis mutandis', a la situación política actual, con la diferencia de que ya no se trata de la distribución competencial del Estado y los excesos que en la segunda oleada estatutaria se produjeron", sino que "la cuestión en juego en la actualidad es la propia supervivencia del régimen constitucional".

Anticipándose a posibles críticas, Vox defiende que el RPI de las leyes orgánicas "en ningún caso se sustituye la legitimidad democrática", sino que, "al contrario, se
da la oportunidad a la mayoría de adecuarse al edificio normativo que esa misma mayoría se ha autootorgado por medio de la Constitución" para que "el legislador corrija los defectos de que adolezca antes de su aplicación".

En cualquier caso, enfatiza que el TC "es la última garantía para asegurar la pervivencia del Estado de Derecho", porque "cuando todos los demás poderes del Estado fallan, ora a los ciudadanos, ora al Estado mismo, es el TC el que debe velar por que la CE no sea vulnerada por ninguna ley ni actor en perjuicio de los españoles y del sistema democrático y de Derecho que se han otorgado".