Pide la declaración como testigo del ministro Duque, que asegura que fue avisado de las presuntas irregularidades
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid contra el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Juan Arroyo, y otros dos responsables del centro por un presunto fraude en el uso de sus fondos. Además, pide la declaración como testigo del ministro de Ciencia, Pedro Duque, quien asegura que fue advertido en varias ocasiones de las presuntas irregularidades.
En concreto, la querella de Vox se dirige contra el director generente del CNIO, Juan Arroyo; su exdirector de personal y posterior director financiero, José Ramón Martínez; y un trabajador del departamento financiero, José Antonio Galindo.
El partido liderado por Santiago Abascal asegura haber tenido acceso a documentación que demuestra que el centro ha realizado adjudicaciones repetitivas a empresas con "vínculos personales" con los querellados. Y destaca que entre los años 2017 y 2018 se produjo un incremento de los gastos superior al 60 por ciento en algunos de los casos.
Según explica, el CNIO se encuentra adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y, aunque antes dependía del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la actualidad es competencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirige Pedro Duque.
Por ello, en su escrito, Vox pide que declaren en calidad de testigos tanto el ministro Duque como la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti. La formación asegura tener pruebas de que ambos estarían al tanto de las supuestas irregularidades debido a las "continuas" denuncias de la presidenta del Comité de Empresa, quien afirman que llegó a enviar tres correos al ministro sin haber obtenido respuesta.
Además, la presidenta del Comité de Empresa asegura haber sido objeto de represalias laborales, coacciones y amenazas desde que alertó de los hechos que estaban sucediendo.
OFENSIVA PARLAMENTARIA
En concreto, Vox se querella contra los responsables del centro por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes.
Vox también llevará el asunto al Congreso de la mano del diputado Víctor González, quien ha defendido que los españoles "tienen derecho a saber qué pasa con sus impuestos".