Vox recurre ante el TC el decreto del Gobierno que suspende desahucios de personas económicamente vulnerables

Olona califica la norma impugnada de "salvajada jurídica" porque el Gobierno "protege al delincuente"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los diputados de Vox han presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la suspensión hasta el 31 de octubre de 2021, prorrogada por el Gobierno hasta el 28 de febrero, del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

Desde la formación de Santiago Abascal consideran que el texto legal que recoge la posibilidad de suspender un desahucio si en la ocupación de la vivienda no ha mediado violencia o intimidación vulnera "pilares fundamentales del Estado de Derecho" como la justicia o la propiedad privada.

Por eso interesan que se declare inconstitucional el Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. En concreto se refieren a la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 'c' del artículo 1 bis de un decreto anterior, el relativo a las medidas urgentes complementarias que se aprobó el 31 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia.

Fue el pasado 26 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.

Entre las medidas se contempla la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

Pero ahora Vox sostiene que "la entrada y permanencia delictiva en una vivienda no puede configurarse como causa legal que imposibilite el cumplimiento estricto de los mandatos que la sentencia contiene y, menos aún puede permitir dar por satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal".

TRES VULNERACIONES

En el escrito, la representación legal de Vox enumera hasta tres vulneraciones constitucionales: falta de concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesida, infracción de los límites materiales previstos para el decreto-ley y violación del artículo 24 de la Constitución en relación con los artículos 117.3 y 118.

Recuerdan asimismo que "la declaración de un estado de excepción o las situaciones de emergencia, por muy justificadas que estén, no pueden suponer en ningún caso una suspensión genérica de la Constitución". Por eso, entienden que no cabe despenalizar una conducta que reviste un de los tipos recogidos en el Código Penal.

"No procede incluir dentro del vago e inseguro concepto de escudo social (...) la protección de la comisión de un delito a favor de quienes convierten en residencia habitual una vivienda ajena", apuntan, apra luego echar en cara al Gobierno que acabe con dos pilares fundamentales como son la justicia y la propiedad privada.

No obstante, los diputados de Vox reconocen en el recurso que la pandemia ha acrecentado el número de personas vulnerables, matizan que "corresponde" al Estado atender a esos colectivos pero añaden que no resulta admisible que la solución a una situación así "sea la prolongación de ciertas conductas delictivas".

"SALVAJADA JURÍDICA"

La portavoz de la formación Macarena Olona ha señalado que la norma es claramente inconstitucional porque introduce una reforma que es una "salvajada jurídica" que fue aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso. "Legaliza los desahucios que son consecuencia de la ocupación delictiva", ha explicado.

Al hilo, señala que con esta norma, "al delincuente se le protege y al propietario se le deja en situación de absoluto desamparo". "Este Gobierno favorece claramente a los criminales antisistema que son sus potenciales votantes, nosotros estamos al lado de los españoles que en su mayor parte destinan sus ahorros a la vivienda", ha añadido.

Con éste, la formación de Abascal suma ya un total de 27 recursos presentados ante el Constitucional en lo que va de legislatura, entre los que están los que han supuesto la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma y de su prórroga o el relativo a la suspensión de plazos del Congreso de los Diputados al inicio de la pandemia.