Zoido dice al Consejo de Europa que la policía actuó de modo "prudente", y no contra las personas ni "sus ideas"

Responde a la petición de investigar la actuación policial destacando que España es una democracia y que cumplían un mandato judicial

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

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El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respondido a la petición del Consejo de Europa de abrir una investigación sobre la actuación policial el 1 de octubre afirmando que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "actuaron prudente, apropiada y proporcionadamente" y que "las actuaciones no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebración de la consulta", además por orden judicial.

Zoido respondió así, en una carta fechada el 6 de octubre, a la que le había enviado dos días antes el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muzniek, que se declaraba "preocupado" por la actuación policial el día de la consulta y pedía una investigación "rápida, independiente y efectiva" de las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza.

Muzniek también pedía que se depurasen responsabilidades por "cualquier mala conducta" y reiteraba una recomendación que hizo en su visita a España en 2013, la creación de un mecanismo independiente para recoger las quejas por actuaciones policiales, ya fuese ampliando las competencias del Defensor del Pueblo o creando otra institución.

En su respuesta, Zoido evita contestar expresamente a estas peticiones y opta por subrayar que "España es una democracia consolidada, gobernada por el Estado de Derecho, que siempre busca la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos aplicando todas las salvaguardias democráticas".

Zoido recalca que "ninguna democracia consolidada puede aceptar un desafío a su orden constitucional y a su integridad territorial que busque la imposición por la fuerza de un proyecto de ruptura". "La primera condición para el funcionamiento de un sistema democrático.

Por el mismo motivo, avisa de que "una comunidad internacional en la que el Estado de Derecho prevalece no puede aceptar el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos de todos los demás y que quieren subvertir unilateralmente los principios y valores en los que se funda la coexistencia democrática en una sociedad avanzada".

Además de recordar que Cataluña "disfruta, en el marco de un Estado ampliamente descentralizado, de un alto grado de autonomía política y autogobierno", deja claro que "en España nadie es perseguido por sus ideas" y "cualquier aspiración política puede ser expresada y canalizada a través de vías legales".

LA CONSTITUCIÓN PERMITE REFORMAR LO RELATIVO A LA UNIDAD

Es más, destaca que la Constitución de 1978 "permite la reforma de sus principios más fundamentales, incluidos los de soberanía y unidad", pero "a través de un procedimiento con garantías y mayorías cualificadas" que es lo que "los secesionistas han ignorado de manera deliberada".

En ese contexto, dice que el Tribunal Constitucional "declaró ilegal" la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y recordó a los poderes públicos si deber de impedirlo, a raíz de lo cual el poder judicial inició procedimientos.

"SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL PODER JUDICIAL"

Así, explica que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuaron el 1-O "siguiendo instrucciones del Poder Judicial" y que lo hicieron con proporcionalidad y prudencia para "asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

Además, asegura que los cuerpos policiales actuaron no solo por "la manifiesta ilegalidad" del referéndum sino también "por la absoluta falta de respeto por los estándares democráticos más básicos" que requeriría una consulta de ese tipo. Y recuerda que la primera de ellas es celebrarse en el marco de la legalidad, como marcan las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pertenece al propio Consejo de Europa.

El ministro también recuerda que España apoya al Consejo de Europa porque es "un espacio jurídico con garantías mínimas compartidas" en tres pilares: la defensa de los Derechos Humanos, la democracia pluralista y la primacía del Derecho, incluyendo la lucha contra la discriminación de las minorías, la xenofobia, el crimen organizado y el terrorismo.