Ha esperado que la Audiencia de Pamplona considere los hechos como "genocidio" y por lo tanto "imprescriptibles"
PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con miembros de la corporación municipal y familiares de los fallecidos han presentado este viernes en la Audiencia de Pamplona la documentación que acompaña a la primera querella a nivel estatal contra crímenes del franquismo en una ciudad. También ha estado presente la abogada que lleva el caso, Lourdes Etxeberria.
La querella, que solicita la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona, se ha centrado en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se han adherido personalmente a la denuncia. Por tanto, estas cuatro personas serán querellantes junto al Ayuntamiento. La querella, presenta oficialmente de forma telemática, se completa con la documentación que le sirve de base y que ya está en poder de la Audiencia.
Las 17 personas recogidas en la querella son Florencio Alfaro Zabalegui, Gregorio Angulo Martinena, Juan Elías Antón Murguiondo, Martín Arbizu Goñi, Pedro Belloso García, Gloria Bosque Ezquer, José Luis Cano Pérez, Corpus Dorronsoro Arteta, Victorino García Enciso, Moisés Garjón Arostegui, Julián Carlos Goñi Ziganda, José Roa García, Mariano Sáez Morilla, Tomás Salinas Beorlegui, Ángel Sanz Montero, Amadeo Urla Aramburu y Javier Urroz Domínguez. Los cuatro casos que se suman a la querella son los de Gloria Bosque Ezquer (en nombre propio), Moisés Garjón Arostegui (se suman sus familiares), José Roa García (se suman sus familiares) y Ángel Sanz Montero (en nombre propio).
En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado que hoy "es un día muy señalado porque es la primera vez que un ayuntamiento del Estado presenta una querella por los crímenes cometidos durante 40 años de franquismo en su municipio".
"Ha sido un camino largo y tortuoso, especialmente para los familiares, que han visto durante décadas cómo al dolor de la desaparición física de sus familiares, encima tenían que aguantar la impunidad de los culpables", ha asegurado.
Además, ha destacado el trabajo realizado durante décadas por las asociaciones memorialistas que, según ha dicho, "son los auténticos artífices de esta querella y el Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido recoger ese esfuerzo".
El alcalde ha esperado que la Audiencia "tenga en cuenta" la documentación anexa a la querella y ha incidido en que "por cuanto no se trata de delitos concretos sino lo que en la legislación internacional se considera como genocidio, por lo tanto, delito de lesa humanidad" es "imprescriptible y así esperamos que sea considerado".
Por su parte, Gloria Bosque, víctima del franquismo, ha afirmado que esta querella "es algo más que una actuación institucional del Ayuntamiento de Pamplona" porque "es expresión también, en buena medida, del trabajo de todas esas gentes y grupos memorialistas navarros que, a lo largo de estas décadas, han hecho de la exigencia de justicia, verdad y reparación, una exigencia impostergable".
"La querella reclama la justicia negada a todas y todos los que fueron asesinados y desaparecidos, mujeres vejadas y violadas, familias despojadas, humilladas y perseguidas durante décadas, gentes exiliadas, detenidas, maltratadas, torturadas, encarceladas; sindicalistas despedidos y perseguidos, mujeres despojadas de sus más elementales derechos durante décadas. En definitiva, a todo un pueblo ninguneado al que durante 40 años se le negó todo tipo de libertades democráticas y derechos humanos", ha manifestado.
"Ningún futuro de paz, justicia y solidaridad podremos construir negando lo anterior", ha aseverado Gloria Bosque, que ha reclamado a la justicia de Pamplona "verdad, justicia y reparación" y ha esperado que "esté a la altura de las circunstancias y haga frente a sus responsabilidades tal y como están comenzando a hacer nuestras instituciones forales y municipales".
QUERELLA BASADA EN EL INFORME DE LA UPNA
La querella se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Pamplona a la UPNA sobre la vulneración de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona. Las conclusiones de ese informe confirmaron que 309 pamploneses y pamplonesas fueron asesinados o muertos en cautividad durante el franquismo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme.
En total, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de investigación de la UPNA, saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo.
La interposición de esta denuncia viene a cumplir con lo acordado en los plenos del pasado 1 de diciembre y del 27 de noviembre de 2015 en los que se solicitaba interponer una querella criminal antes los Juzgados de Instrucción de Pamplona para que se investigara los crímenes contra la humanidad que afectaron a vecinos y vecinas de la ciudad durante la dictadura franquista.
Además, el Consistorio Pamplonés impulsó la creación de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria en una jornada en octubre del año pasado en la que participaron representantes de los consistorios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Vitoria, Cádiz y Rivas.
La calificación jurídica de los hechos denunciados tiene en cuenta tanto la norma nacional como la internacional. Esto es, tipificación de genocidio o crimen de lesa humanidad conforme a las normas internacionales e imposición de pena conforme al Código Penal interno que tipifica y sanciona el delito correspondiente, que puede ser asesinato, detención ilegal, desaparición forzada, lesiones, torturas o agresión sexual.
Constituyen crímenes internacionales tal y como está expresamente contemplado en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) de 17 de julio de 1998, ratificado por España el 19 de octubre de 2000 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002, y en los principios de Nüremberg de 1945 aprobados en el Congreso de Londres de ese año.