Afirman que es "obligación" del Ejecutivo "articular las medidas necesarias" y de los ayuntamientos el "gestionar"
PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Colectivos y entidades navarras han registrado quejas ante Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona sobre la situación de personas sin hogar, para "alertar acerca de la situación actual y señalar la responsabilidad que las diferentes instituciones tienen en esta cuestión", y han además han realizado una "petición de reunión conjunta".
En concreto, las quejas han sido registradas por Paris 365, Haritu, Lantxotegi, Salhaketa Nafarroa, Punto de Información para personas Migradas/ Migratuendako Informazio Gunea (PIM-MIG), Apoyo Mutuo, Oxfam Intermon y SOS Racismo Navarra. Entidades que esperan "obtener respuestas que permitan seguir trabajando para reparar las vulneraciones de derechos" que a su juicio se están produciendo.
Así lo ha subrayado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación Beatriz Villahizán en representación de los colectivos. "Desde hace ya más de dos años, varios colectivos llevamos trabajando de manera coordinada en la denuncia de la situación jurídica y social en la se encuentran las personas que están excluidas del sistema de protección social y sin acceso a una vivienda digna", ha relatado.
Villahizán ha destacado "la responsabilidad política e institucional de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, que en muchos casos ya prevé la normativa vigente, pero en otros requiere de revisión y actualización de leyes y recursos para que, de manera efectiva, todas las personas que viven en Navarra tengan acceso al desarrollo de su proyecto de vida en condiciones de dignidad".
El pasado 14 de marzo de 2023, ha dicho, el Defensor del Pueblo dictó una resolución indicando al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que "tenían la obligación de adoptar medidas para garantizar a las personas que carecen de hogar y se encuentran en la calle el alojamiento y la manutención todo el año, con una dotación de recursos y plazas suficientes, no pudiendo condicionarse en ningún caso a criterios de habitualidad, ni condición tiempo de empadronamiento o residencia".
"Fue claro y conciso: existe normativa suficiente para garantizar este derecho y todo laberinto o trampa burocrática constituye una dejación de responsabilidad y una discriminación que vulnera el principio de igualdad", ha subrayado.
Según ha añadido, "las condiciones en las que se ven obligadas a vivir las personas que no tienen acceso a unas condiciones de vida dignas se vienen agravando cada vez más". "Nos referimos a la imposibilidad de acceso al empadronamiento, a la denegación o dificultad de dar cobertura de las necesidades básicas (techo, alimentación, higiene, sanidad, medicación, empadronamiento, etc.), y a la imposibilidad y/o dificultades de acceso a la Atención Primaria", ha apuntado.
Desde las administraciones, ha remarcado, "se habla de un colapso de recursos". "Recursos que existen pero se deciden dedicar a otros fines", ha dicho, tras criticar "las prácticas de contención y expulsión, destinadas a que las personas vuelvan a sus lugares de origen o solucionen de manera invisible su situación, cuando esta es causada por una problemática que es estructural".
"Somos conscientes de que las instituciones no van a erradicar problemas estructurales como la vivienda, la creciente precarización de la vida o las políticas migratorias y sus leyes de extranjería. Vemos cómo los gobiernos de diferente signo político se enfocan en tratar los síntomas, no las causas, lo que los convierte en responsables por perpetuar el sistema que genera estos problemas estructurales", ha comentado.
Ha remarcado Villahizán que "todo esto responde a la lógica del actual sistema económico y social y que solo un cambio estructural garantizaría una igualdad de derechos efectiva". "Sin embargo, a pesar de este contexto, ante la normativa de Derechos Sociales y la recomendación del Defensor del Pueblo, el Gobierno de Navarra tiene la obligación de articular las medidas necesarias para garantizar el acceso a derechos fundamentales para todas las personas, sin exclusión ni invención de criterios de acceso, y los ayuntamientos tienen la obligación de gestionarlo", ha reivindicado.
Además, ha alertado "del peligro que supone" en el actual "contexto de normalización y auge del discurso de odio", el "seguir sosteniendo el argumento de garantizar derechos solo de forma parcial y para un número limitado e insuficiente de personas, a partir del no reconocimiento como sujetos de derechos desde el primer momento a todas las personas viven aquí".
"Seguiremos exigiendo al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos el cumplimiento efectivo de las siguientes medidas que consideramos imprescindibles: garantizar el acceso al empadronamiento para todas las personas que viven en Navarra; establecimiento permanente y de acceso garantizado de un recurso adecuado para personas adultas y otro para familias con menores a cargo en situación de calle, garantizando alojamiento, manutención y atención diurna durante todo el año mientras se establecen medidas para dotarse de parque público de viviendas con acceso garantizado; y garantizar el acceso al sistema de protección social, así como a sus servicios y recursos, en igualdad de condiciones para todas las personas, desde el primer día y con independencia de contar o no con empadronamiento", ha reivindicado.
Por otro lado, ha señalado que "estamos a la espera de saber cuál es el protocolo con respecto a la ola de frío este año. "Sé que hicieron una comparecencia pública explicándolo, pero nosotras estamos esperando a que nos convoquen a una reunión para explicarnos los detalles a las entidades, sobre todo a las que trabajan de manera directa con este colectivo", ha criticado.
Además, ha considerado que el plan de la ola de frío o los albergues puntuales son "necesarios", pero "llevamos unos años arrastrando esta sensación de que se improvisa, cuando la ola de frío, es algo estacional".
Preguntada por las cifras de personas que se encuentran en situación de calle en Pamplona, ha señalado que serían más de 100, y en algunos momentos casi 200. "Pero no es importante el número. No es que no sea importante, es que con que hubiera una persona en situación de calle sin poder revertir esa situación, ya tendríamos que ponernos a trabajar", ha subrayado.