PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona ha registrado una propuesta de declaración para la próxima Comisión de Asuntos Ciudadanos para que el Consistorio solicite al Gobierno central la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de "regularización extraordinaria" de personas migrantes.
En una nota de prensa, la coalición recuerda que esta ILP fue impulsada en el año 2022 por el Movimiento #RegularizacionYa, consiguiendo el apoyo de más de 700.000 firmas de la ciudadanía. El 9 de abril de 2024, el Congreso aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP para la continuidad de su trámite parlamentario dentro del Congreso. "Más de 900 organizaciones civiles apoyaron la demanda de derechos de alrededor de medio millón de personas migrantes en irregularidad administrativa en España, una tercera parte de la cual, son mujeres, y una de cada cuatro son menores", señala.
Esta propuesta pretende modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social indicando que "el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".
El sistema actual contemplado en la ley "resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español" debido a que "los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento" y el procedimiento administrativo implementado "es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación", afirma Contigo-Zurekin.
El concejal de esta coalición, Txema Mauleón, ha declarado que "la aprobación de esta ILP es, primero, una cuestión de derechos, ya que la irregularidad supone una condena a la exclusión, a la explotación laboral o la inaccesibilidad a servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. La irregularidad supone, además, la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad".
"La regularización extraordinaria va a permitir visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país, compensar las desigualdades que presentan como punto de partida, y a la vez, garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación", destaca Contigo-Zurekin.
Mauleón, concejal delegado del área de acción social en el Ayuntamiento de Pamplona, señala que el Consistorio "realiza una labor de acogida integral que en muchas ocasiones se ve interrumpida por la situación de irregularidad administrativa, que impide que la inserción laboral finalice con éxito. Esto supone un fracaso, tanto a nivel personal para esa persona migrante, como a nivel institucional". "La regularización de las personas migrantes que viven en nuestra ciudad es una garantía de derechos para ellas, asegura la inserción laboral y fortalece y cohesiona a toda la sociedad", defiende.
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