La Delegación del Gobierno en Navarra premia a entidades por su lucha en la erradicación de la violencia machista

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha entregado este miércoles los premios Meninas 2024, un reconocimiento a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra las mujeres promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. El acto, celebrado en el Civican de Pamplona, se enmarca en la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En la edición de este año han sido reconocidas la Coordinadora de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra (COMFIN), el Servicio de Atención Jurídica a la Mujer del Colegio de Abogados de Pamplona (SAM), el Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE), y el Instituto de Educación Secundaria de Mendillorri.

COMFIN es una organización no gubernamental que nació en el año 2012 fruto de la propia demanda del movimiento asociativo femenino de contar con un espacio para el encuentro, para el fortalecimiento de las propias asociaciones, y para crear redes de trabajo y de acompañamiento entre mujeres. COMFIN trabaja en el fomento de la igualdad, en el feminismo, en la participación pública de las asociaciones que la integran y en el fortalecimiento del asociacionismo de mujeres. Desarrolla proyectos de formación y prevención de la violencia, o de buenas prácticas feministas.

Otra de las Meninas ha sido para el Servicio de Atención Jurídica a la Mujer del Colegio de Abogados de Pamplona (SAM). Creado en 1998, su objetivo es el asesoramiento y la asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia o de discriminación por razón de género. Cuenta, además, con un servicio de urgencia de guardia permanente localizada las 24 horas del día los 365 días del año que se activa con una llamada al 112 y que está destinado a mujeres que, habiendo sido víctimas de maltrato o agresión sexual, demandan la intervención urgente de un abogado o abogada para la orientación y el acompañamiento.

Además, la Delegación del Gobierno en Navarra ha reconocido al PSIMAE, el Instituto de Psicología Jurídica y Forense, un gabinete psicológico que trabaja, desde hace 25 años, en el ámbito de la violencia contra la mujer, fundamentalmente, desde tres áreas. Por un lado, con un área jurídica y forense que ofrece asesoramiento a profesionales del derecho y elabora informes periciales forenses y psicológicos. Por otro lado, desde una visión clínica, ya que ofrece tratamiento psicológico tanto a víctimas como a agresores. Y, por último, con un área de formación e investigación.

Además, ha recibido una Menina el Instituto de Educación Secundaria de Mendillorri. Es un centro de titularidad pública que entiende la educación desde una perspectiva global e integral, inclusiva y competencial. Cuenta con un equipo de co-educación muy activo, que implica al alumnado en múltiples actividades, como las que realizan cada año en torno a la conmemoración del 25 de noviembre. También imparte talleres del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar en materias como la pornografía, la prevención de la violencia contra las mujeres o las masculinidades alternativas.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha destacado el "poder transformador" de los movimientos sociales, de organizaciones y entidades de todo tipo que trabajan en favor de la igualdad y de la no violencia. Alicia Echeverría ha asegurado que esa labor es complementaria a las políticas que desarrollan las administraciones públicas. "El Estado somos todos y todas", ha apuntado, "y en una cuestión tan sensible como es la violencia contra las mujeres, necesitamos de la implicación del conjunto de la sociedad, porque es un problema estructural al que debemos dar una respuesta conjunta, integral y transversal".

Echeverría ha señalado las prioridades del Gobierno de España en materia de violencia machista. Por un lado, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluyendo nuevas formas de violencia como la económica o la violencia vicaria. Y, por otro, la dedicación de más recursos públicos a las políticas de prevención y protección, sin olvidar la persecución de los maltratadores y su puesta a disposición de la justicia.