De los 10 imputados, sólo pide penas para tres de ellos
PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, encargado de la acusación pública del denominado 'caso Galipienzo', solicita en su escrito de acusación de diligencias previas 18 meses de prisión para el ex alcalde del Valle de Egüés Ignacio Galipienzo por un presunto delito de prevaricación urbanística, así como 10 años de inhabilitación para empleo o gestión pública y cargo de alcalde.
Asimismo, pide que se le condene a 15.000 euros y tres años de suspensión por un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según el fiscal, Galipienzo otorgó en junio de 2003 licencia de obras para la construcción de un aparthotel en una parcela de "uso exclusivamente escolar", a sabiendas de esta calificación. Se da la circunstancia de que había actuado, meses antes, como intermediario en la compraventa de este terreno. Además, tenía relaciones comerciales con la empresa que iba a construir la infraestructura hotelera.
Además, el fiscal considera que Galipienzo debe restituir los 23 millones de pesetas que cobró a Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores, empresa propietaria de la parcela, en cuya venta intermedió. Considera que el contrato de intermediación entre RMA Urbana y la citada mercantil es contrario a las leyes.
Según el fiscal, si bien Galipienzo fue quien realmente intervino en la compraventa, presentó como mediador a su socio José Luis Ruiz, administrador de RMA Urbana, para ocultar su participación ante Flores.
MULTAS E INHABILITACIÓN
El fiscal pide también condena para Ruiz y para la ex arquitecta municipal Nuria Alas Brun. No aprecia hechos constitutivos de delito en los comportamientos de los otros siete imputados, para los que no solicita penas y solicitará el sobreseimiento: Conchita Flores, su asesor José Javier Iribarren, los directivos del Grupo Empresarial Aricam, Luis Galo, Emilio Izquierdo y Óscar Pérez, el asesor legal del Ayuntamiento de Egüés, Jesús Marco, y para la esposa de Galipienzo, Eva Iglesias.
Concretamente, por otro presunto delito de prevaricación urbanístico, el fiscal solicita para la ex arquitecta municipal Nuria Alas Brun, 5.400 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de arquitecto municipal o gestión pública análoga durante siete años.
Y como "cooperador necesario" para el posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, también pide 1.800 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público para José Luis Ruiz Bartolomé, socio de Galipienzo y administrador de la sociedad RMA Urbana, en calidad de "cooperador necesario".
Al igual que el ex alcalde, también deberá devolver a Construcciones Flores los 3 millones de pesetas que ingresó por la intermediación.
En su escrito de acusación, el fiscal demanda dejar sin efecto la licencia de obras para la construcción del aparthotel "por ser contraria a la normativa urbanística vigente".
SIN RELACIÓN CON FLORES
Según el escrito de acusación, antes de octubre de 2002, el entonces alcalde Ignacio Galipienzo localizó a personas interesadas en adquirir una parcela S22 en la urbanización de Gorraiz, terreno que pertenecía a la empresa Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores.
Según el fiscal, fue José Luis Bartolomé quien se presentó como intermediario ante Concepción Flores para que "ésta no conociese que el verdadero intermediario" era Galipienzo. Para la acusación pública, el ex alcalde "no mantuvo trato" con Flores porque sabía que su condición de alcalde "le impedía llevar a cabo la operación".
De hecho, el fiscal resalta que como primer edil debía conceder la licencia de obra para construir un aparthotel en la parcela. Además, también indica que tenía relaciones laborales estables con los que finalmente compraron el terreno. Su intermediación, determina el escrito, contravino la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y la ley de bases del régimen local.
Por la labor de intermediación, Construcciones Flores pagó 26 millones de pesetas a RMA Urbana, de los que 23 se quedó Galipienzo y 3, Ruiz.
El terreno fue adquirido en primer lugar por Mariano Alvarez Gutiérrez y después por la mercantil Salud Laboral 3000 S.A., el 4 de octubre de 2002. En esa misma fecha se transmitió de nuevo a Apartamentos Gorraiz. En la primera venta la parcela estaba escriturada para usos escolares o dotacional.
En junio de 2003, Galipienzo otorgó licencia de obras para levantar un aparthotel en esta parcela. Meses antes, el director general de Ordenación del Territorio le había comunicado "expresamente" que la S22 era de uso "exclusivamente escolar". El fiscal subraya que la licencia contravenía los planes parciales de Gorraiz. Sobre la relación comercial con la empresa que iba a construir el aparthotel, no queda acreditado que recibiera comisión alguna por la concesión de la licencia.
ALAS BRUN
En cuanto a la funcionaria que trabajaba como arquitecta en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Nuria Alas Brun, el fiscal determina que el informe que avaló la licencia lo hizo "con conocimiento exacto" de que la parcela era de uso escolar. Así lo atestiguaban planes parciales y órdenes forales "que conocía". Según el fiscal, su informe fue el "antecedente inmediato y preceptivo" para que Galipienzo otorgara la licencia.
APERTURA
Cuando el juez de instrucción dio por concluida la fase de investigación en noviembre, imputó a 10 personas. El fiscal sólo observa indicios de delito en tres de ellos. Actualmente, está abierto el periodo para que las acusaciones presenten sus escritos - también han tomado parte del caso Aralar, concejos del valle y el Ayuntamiento de Egüés-. Acto seguido llegará el turno para que las defensas formulen los suyos.
Con todos ellos, el juez deberá dictar el auto de apertura del juicio oral, indicando qué personas y por qué delitos se deben sentar en el banquillo. No obstante, su decisión puede cambiar si la Audiencia Provincial estima reducir el número de imputados.
PRUEBAS EN EL JUICIO
Para el juicio oral el fiscal las siguientes pruebas: interrogatorio de los acusados, testifical de varias personas imputadas hasta ahora así como responsables del departamento de Ordenación del Territorio y agentes de la Policía Foral.
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