El Gobierno de Navarra pide que se reconsidere el caso Alsasua y que se devuelva la competencia al Juzgado de Pamplona

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra se ha sumado a la declaración institucional aprobada por el Parlamento foral en la que manifiesta su "desacuerdo" por la calificación penal en la causa abierta por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 y pide a los órganos judiciales implicados la "reconsideración del caso a fin de devolver la competencia al Juzgado de Pamplona para continuar con la instrucción de los hechos".

El Ejecutivo foral ha adoptado en su sesión de este martes un acuerdo por el que se toma en consideración la declaración institucional aprobada por el Parlamento foral el 20 de noviembre de 2017 por la que manifiesta su "máxima preocupación por el desarrollo de los acontecimientos" en torno al caso Alsasua que ha conllevado la detención de diez jóvenes de edades comprendidas entre 19 y 24 años.

En esta declaración se recoge el compromiso del Parlamento por "la paz y convivencia en Alsasua y en toda Navarra". Asimismo, "desde el respeto a las decisiones judiciales", se manifiesta su "desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, pudiendo acarrar penas desproporcionadas a los jóvenes encausados" y se solicita a los órganos judiciales implicados "la reconsideración del caso a fin de devolver la competencia al Juzgado de Pamplona". Por último, expresa su "desacuerdo con las desproporcionadas, injustificadas e innecesarias medidas cautelares que se estaban practicando contra los jóvenes encausados en el desarrollo de la instrucción".

De la misma manera, el Gobierno de Navarra ha tomado en consideración la resolución aprobada por el pleno del Parlamento de Navarra el 14 de septiembre de 2017, por la que se solicita a la Comisión Europea que determine "si la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en el Estado español" y si la petición del fiscal en el caso Alsasua "es compatible con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales".

Asimismo, dará traslado del presente acuerdo al vicepresidente de la Comisión Europea y a las direcciones generales Unión en la Seguridad y de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

Además, manifiesta el compromiso de colaboración de este Gobierno con la Comisión Europea "en la realización de las acciones oportunas a fin de evitar situaciones desproporcionadas, tal y como prevén la Comisión Europea y Eurojust".