El Gobierno de Navarra rechaza el 'pin parental' y lamenta "los ataques a una educación integral y equilibrada"

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una declaración institucional en la que muestra su rechazo "más absoluto" a la introducción del denominado 'pin parental', cuyo objetivo es "censurar los contenidos educativos que recibe el alumnado".

En la declaración, el Gobierno de Navarra muestra su "pleno" apoyo al profesorado que "impulsa e imparte los contenidos obligatorios de igualdad y educación afectivo-sexual bajo criterios exclusivos de rigor científico e independencia profesional".

Además, lamenta "los ataques que determinadas organizaciones están llevando a cabo contra las programaciones pedagógicas que desarrollan el derecho a una educación integral y equilibrada del alumnado y a su formación en valores cívicos".

Y manifiesta "su compromiso para garantizar la pluralidad de pensamiento y la enseñanza de los principios de igualdad, convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe transmitir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y como lo recomienda el Consejo de Europa".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno, ha lamentado que "en estos días estamos viendo un ataque directo a la educación, más al ámbito de la escuela pública" y censurado que "se haya trasladado un velo de desconfianza a los equipos docentes, directivos y servicios de inspección".

En su opinión, "no parece admisible basar el 'veto parental' en una ideología excluyente" y que "se supedite el interés común y el bien común a creencias e intereses particulares". Y ha defendido que "en una democracia se conjugan, se pactan y se consensúan valores comunes muy relacionados con el respeto, la justicia social y no se imponen ideologías". "Se educa desde la libertad, para la libertad", ha remarcado.

LA DECLARACIÓN

En este sentido, en la declaración aprobada por el Ejecutivo, se recoge que "los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución española y los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, entre los que se encuentran el derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho a la participación, asociación y reunión".

Según indica el Ejecutivo navarro, "el interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa son imperativos legales que deben ejercitarse mediante la transmisión de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales".

En su opinión, "iniciativas como la prohibición de actividades escolares pretendida con el llamado 'veto parental' no tienen cabida en nuestro sistema educativo por cuanto pretenden excluir al alumnado afectado de la participación en actividades escolares en horario lectivo en las que se imparten contenidos curriculares básicos, exclusión que atentaría contra los derechos de los menores que madres, padres, tutores y profesorado están obligados a proteger por imperativo legal".

"El cauce de participación esencial reside en las asociaciones de madres y padres, actores fundamentales del sistema, y a través de las cuales se entabla un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas. En los colegios e institutos, a través de sus consejos escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, madres y padres y el alumnado a través de sus representantes, acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección educativa, encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos", señala el Gobierno foral.

Además, a través de la declaración destaca "la escuela como lugar de convivencia y comunidad de aprendizaje cooperativo", que "garantiza para los menores el derecho a la educación que en nuestro ordenamiento jurídico está vinculado además con la libertad de cátedra".

Para el Ejecutivo foral, "los vetos y censuras educativas son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es misión básica de la educación".