IU advierte de la "emergencia social" en vivienda y apuesta por un "modelo alternativo de garantía de derechos"

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Vivienda de Izquierda Unida, Carolina Cordero, ha advertido de que la vivienda se encuentra en un momento de "emergencia social" debido a la "dificultad de acceso" de "muchísimas personas en todos los rincones del país". Por ello, ha abogado por "enterrar definitivamente el modelo especulativo que este país lleva arrastrando desde hace mucho tiempo" para plantear un "modelo alternativo de garantía de derechos".

En una rueda de prensa en la sede de IU en Navarra, en la que ha estado acompañada por el coordinador de la formación en la Comunidad foral, Carlos Guzmán, Cordero ha destacado que la vivienda es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución y ha defendido que "las instituciones tienen que legislar para blindarlo" con medidas a nivel estatal, autonómico y municipal.

En el ámbito estatal, ha planteado la construcción de parque público de vivienda y la regulación de los precios, especialmente de los alquileres. En el primer caso, ha recordado que Pedro Sáncehz anunció en verano una inversión de 6.000 millones de euros para impulsar el parque público. No obstante, ha mostrado su preocupación por que el planteamiento del PSOE habla "exclusivamente de construcción y de colaboración público-privada, es decir, hablan de dos características que definen el modelo especulativo que nos ha llevado hasta la situación que hoy sufrimos".

Por el contrario, ha defendido el impulso de vivienda de titularidad y gestión pública. De la misma manera, ha considerado que, antes de construir, hay que "movilizar vivienda vacía", que ha cifrado en cuatro millones en todo el país. Ha propuesto poner a disposición las viviendas propiedad de la SAREB, la "expropiación de vivienda vacía de grandes tenedores, fundamentalmente fondos de inversión y entidades bancarias" y un plan de rehabilitación de viviendas.

En cuanto a regulación de alquileres, ha considerado que "es necesaria una nueva legislación" ya que la nueva Ley de Vivienda "nos permite avanzar un poquito pero no está siendo lo suficientemente útil porque los precios de los alquileres siguen subiendo". Por ello, ha insistido en "seguir legislando en esa dirección con medidas más contundentes y especialmente con la mirada puesta en el problema que está suponiendo la proliferación de pisos turísticos, que no tienen ningún tipo de regulación y son en este momento un foco de especulación brutal".

En el ámbito autonómico, Cordero ha apostado por "exprimir la Ley de Vivienda" en lo que tiene que ver con la declaración de zonas tensionadas; "una herramienta fundamental para las comunidades autónomas que son al final las que tienen la mayor parte de las competencias en materia de vivienda". Ha felicitado a Navarra por recurrir a esta medida en 21 municipios y que ha contrapuesto a los "gobiernos de la derecha" que "lo que están haciendo es bloquear cualquier posibilidad de desarrollo de la nueva Ley de Vivienda".

Finalmente, en el ámbito municipal, ha destacado que los modelos de ciudad de Izquierda Unida "no son modelos especulativos, son modelos de derechos". Por este motivo, la formación rechaza los "desarrollos urbanísticos atroces" que "han generado y siguen generando consecuencias muy negativas". "Ese modelo del pelotazo urbanístico, allí donde ve suelo, ve posibilidad de edificar incluso en zonas inundables", ha indicado Cordero, recordando los recientes efectos de la DANA.

Por su parte, Carlos Guzmán ha defendido "la necesaria intervención pública del sector de la vivienda" tanto de compraventa como en alquiler y ha puesto en valor la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Navarra en 21 municipios, una medida "fundamental" para garantizar el acceso a la vivienda a "familias trabajadoras, juventud, población migrante y familias monomarentales".

Guzmán ha asegurado que hay "dos modelos: el de los derechos o el de las derechas". Y ha afirmado que su formación pone en valor "la vivienda como un derecho fundamental para que el conjunto de las familias trabajadoras de este país puedan tener la posibilidad de poder disfrutar de una vida digna y adecuada". Por eso, ha apostado por "dar una batalla cultural por garantizar ese derecho".