PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha participado este lunes en Luxemburgo en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea al que han acudido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el resto de ministros encargados de empleo, asuntos sociales, sanidad y protección de los consumidores de los estados miembros.
En la reunión monográfica el Consejo ha abordado el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tanto en las condiciones de trabajo como en los derechos de las personas trabajadoras. Asimismo, ha informado el Gobierno navarro, se ha informado sobre la futura Directiva de lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y de la próxima reunión informal de ministros europeos de Igualdad, que se celebrará el 24 y 25 de noviembre en Pamplona en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
Navarra lidera este semestre la representación y la coordinación de las comunidades autónomas en este foro. La sesión de la mañana ha estado presidida por la vicepresidenta Yolanda Díaz y la de tarde, por el ministro José Luis Escrivá. Por su parte, la Comisión Europea ha estado representada por el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y por la comisaria de Igualdad, Helena Dalli. En las reuniones también han participado el secretario de estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón.
La consejera Maeztu ha valorado la importancia de este consejo para mejorar el empleo, las condiciones de vida y de trabajo, y la protección de la salud y los consumidores en la UE. Carmen Maeztu ha señalado que "el Gobierno de Navarra está plenamente alineado con el Gobierno de España en cuanto a la defensa del trabajo digno, de un empleo de calidad y de la mejora de los sistemas de protección social en el seno de la Unión Europea, como un marco para avanzar en ese pilar europeo de Derechos Sociales".
TRANSICIÓN DIGITAL JUSTA, EMPLEO Y SALUD MENTAL Y PROTECCIÓN SOCIAL
Siguiendo el orden del día del EPSCO, los países miembros han debatido sobre cómo afrontar una transición digital justa y han analizado los efectos de las nuevas tecnologías en el trabajo. En ese sentido la consejera Maeztu ha destacado "el debate en torno a la influencia de la inteligencia artificial y de la digitalización en el empleo y la incidencia que va a tener en nuestro mercado laboral", al mismo tiempo que ha señalado que se han ponderado "las medidas que se deben tomar para que esa transición digital sea lo más justa posible".
Asimismo, los países miembros han abordado un acuerdo político sobre la recomendación relativa al desarrollo de las condiciones marco para la economía social, "tan importante para el desarrollo de la Unión Europea", según ha destacado la consejera Maeztu, y cuyo objeto es reconocer el papel que juega la economía social en el acceso al mercado laboral y en la inclusión social, apoyar a las empresas sociales y facilitar su acceso a la financiación.
Además, se ha analizado la relación de la salud mental y el trabajo precario a fin de abordar los riesgos psicosociales en el trabajo, teniendo también en cuenta la digitalización y las nuevas formas de empleo.
El EPSCO ha adoptado también unas conclusiones sobre la protección social de los trabajadores por cuenta propia y sobre medidas para garantizar la igualdad de acceso de los gitanos a una vivienda adecuada en el marco de aplicación del pilar europeo de derechos sociales. También ha mantenido un debate sobre la consolidación y fortalecimiento de los sistemas europeos de protección social, ha añadido el Ejecutivo.
Por último, se ha informado a las personas participantes de la propuesta de Directiva sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, así como de la situación del proyecto de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.