El Parlamento de Navarra aprueba la nueva renta garantizada

Supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada con el voto favorable de los cuatro grupos que sostienen al Gobierno, mientras que UPN, PSN y PPN han votado en contra.

La ley tiene por objeto "promover la integración socio-laboral mediante procesos personalizados y regular el acceso a la Renta Garantizada en cuanto prestación básica, económica y periódica destinada a personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas".

Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual Renta de Inclusión Social (RIS), supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponderían a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años sería de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.

Con estas cantidades se pretende mejorar la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80% de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20%, verían reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.

Además, otras 2.800 personas nuevas podrían incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; el acceso de unidades familiares en las que haya menores o personas dependientes o con discapacidad superior al 65% que lleven solo un año de residencia en Navarra; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.

Con todo ello, según la nueva ley, se busca combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra, sin menoscabo del avance que, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres, supone hacia la igualdad de género.

Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente, y deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Navarro de Empleo, a excepción de las que se hallen en situación administrativa irregular. Además, tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo las unidades familiares que tengan menores o personas dependientes o con discapacidad superior al 65%, para las que el requisito será de un año.

Como novedad, no será necesario contar con un permiso legal de residencia en España. Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo.

DEBATE DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos en el pleno, la parlamentaria de UPN Maribel García Malo se ha posicionado en contra de la ley, señalando que "está improvisada, es poco rigurosa, tiene nula voluntad de consenso, quiere implantar un mal modelo, no va a tener buenos resultados, nos va a hacer retroceder socialmente y es fiel reflejo de un Gobierno que es incapaz de gestionar bien el dinero de los ciudadanos navarros".

Por el contrario, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha expresado su "satisfacción y alegría" por la aprobación de esta ley, que responde a "los principios fundamentales de justicia redistributiva, cohesión social y equidad", y ha defendido que "la protección social y los derechos sociales ocupan un lugar primordial" para su grupo. A su juicio, con esta norma, se "mejora en muchos aspectos" la renta existente hasta ahora.

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha defendido que ésta es "la mejor ley posible dentro del consenso" y ha asegurado que "mejora sin duda la ley anterior". "Esto no es el fin de algo, sino el inicio. Ahora lo que nos toca es desarrollar reglamentariamente la ley y poner todos los recursos económicos y humanos para llevarla adelante", ha indicado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil se ha declarado "satisfecho" con la aprobación de la ley, mostrándose "convencido de que va a incidir con fuerza en los niveles de precariedad y pobreza". "Es un gesto contra las políticas de austeridad que han llevado a tanta gente al precipicio", ha dicho, reconociendo que existen "sombras" y que en dos años se realizará una evaluación de la aplicación de la ley para introducir posibles correcciones.

Por parte del PSN, Nuria Medina ha lamentado que no haya sido posible "llegar a un acuerdo" en torno a la ley de Renta Garantizada y ha afirmado que el cambio aprobado "sólo obedece a las peticiones de determinados grupos como Podemos o Bildu, un cambio egoísta que deja a mucha gente en el rincón mientras el Gobierno se desentiende del acompañamiento y la ayuda a la integración laboral". "El Gobierno no se ha movido ni un ápice de lo que le ha marcado el cuatripartito y dudamos de que muchos de los consejeros sepan del calado de lo que hoy se aprueba", ha advertido.

También se ha posicionado en contra de la ley la portavoz del PPN, Ana Beltrán, señalando que esta ley "no contenta a nadie, ni a la oposición ni a la Plataforma de la Renta Básica, solamente contenta a los socios del Gobierno y para eso no hay que trabajar mucho". Ana Beltrán ha indicado que con esta ley se va hacia "una sociedad asistencial". "Creemos que quieren que haya gente que dependa de su Gobierno, de sus subsidios, y no voy más allá. Buscan una sociedad asistencia para tener a la gente amarrada", ha asegurado.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que la Comunidad foral "da un paso importante asegurando una ley que va a servir para avanzar en el derecho a la inclusión social y en el derecho a la no pobreza". "Movilizamos los recursos disponibles en una dirección absolutamente contraria a lo que se había hecho hasta ahora. Con esta ley, se trabaja en la lucha contra la pobreza. Y el próximo reto es la futura ley foral de empleo", ha destacado.