MADRID 24 Sep. (OTR/PRESS) -
Finalmente, de madrugada, después de unas sesiones maratonianas de negociación, la huelga del 29 de septiembre se convertía en la primera que se afronta, de antemano, con un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para los servicios mínimos en el transporte. Tras ocho horas de reunión en el Ministerio de Fomento, representantes de ese departamento y de los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, cerraron esta madrugada del jueves, al filo de las dos, un esquema de servicios mínimos que incluye todos los medios de transporte dependientes sobre los que Fomento tiene competencias (avión, ferrocarril, barco y carretera).
El acuerdo alcanzado establece los siguientes servicios mínimos:
- Transporte ferroviario. 25% del servicio en la red de Cercanías (30% en horas punta) y 20% en el AVE.
- Transporte aéreo. 10% de los vuelos intrapeninsulares, 50% entre la península e islas, 50% entre islas, 20% de los vuelos con conexiones europeas y el 40% del resto de vuelos internacionales. Los servicios se aplicarán a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago, Bilbao, Valencia, Alicante y Málaga, que conforman el 95% del tráfico aéreo. Los servicios de tierra, por su parte, operarán, como mínimo, a un 10%.
Especialmente dificultoso ha resultado cerrar el esquema en el transporte aéreo. Desde el principio de la negociación, el pasado martes, concentró los principales escollos. Los sindicatos aceptaron incluir los vuelos internacionales dentro del paquete de servicios mínimos, pese a que su oferta inicial no los contemplaba. Pero más que el porcentaje, el problema residía en la distribución por compañías y, en especial, en la prestación de servicios de tierra a los vuelos considerados como servicios mínimos. Los técnicos de ambas partes se emplearon en sortear los problemas que presenta la regulación aérea internacional ante un escenario de huelga. La norma, según fuentes sindicales, favorece la asignación de esos servicios mínimos a las compañías extranjeras, lo que perjudicaría a la actividad de las españolas. Y los sindicatos querían evitar a toda costa crear mayores problemas a las aerolíneas nacionales. Desde última hora de la tarde, el acuerdo estaba "cerrado, a la espera de resolver esa traba legal", dijeron fuentes del Ministerio de Fomento. Para hacerlo posible ha resultado fundamental que los sindicatos accedieron a fijar algunos servicios mínimos en vuelos internacionales, que no figuraban en su propuesta, y en dos de las modalidades ferroviarias clave: el largo recorrido y el AVE. En carretera y transporte marítimo no hubo dificultades, pues ambas partes tomaron el modelo que dictó el Gobierno de José María Aznar en la anterior huelga de 2002. Básicamente consiste en mantener una ruta por trayecto en las principales del transporte marítimo y en un servicio de autobús para los trayectos que tengan hasta cuatro expediciones diarias. A lo largo de este miércoles, las partes intercambiaron papeles para aproximar sus propuestas y el secretario general de Transportes, José Luis Cachafeiro, vio cercano el pacto: "Nunca antes se había avanzado tanto en tan poco tiempo. Aunque no participó directamente en las negociaciones -el ministro mantuvo otra reunión también en el ministerio hasta casi la medianoche, en este caso sobre Presupuestos-, Blanco tuteló el proceso con la idea de llegar a un consenso con los sindicatos. Aunque no existe un plazo legal mínimo de antelación para publicar los servicios mínimos, Gobierno y sindicatos se propusieron cerrar el pacto esta semana para permitir organizarse a las empresas -en este caso, las públicas del transporte- y suavizar los conflictos. En la anterior huelga, la orden de servicios mínimos se promulgó dos días antes del paro y sin acuerdo de los sindicatos, a los que es preceptivo consultar pero no alcanzar un acuerdo con ellos. Ese proceso derivó posteriormente en una gran litigiosidad en los tribunales.
Esto por lo que se refiere a los transportes públicos, que negoció Fomento. Luego, en cada una de las Comunidades Autónomas, los gobiernos deberán cerrar acuerdos con las centrales sobre aspectos más concretos y locales, como el Metro madrileño, o los Ferrocarriles de Cataluña, que deberán pactar los gobiernos de Aguirre y Montilla, respectivamente.