MADRID 15 Oct. (OTR/PRESS) -
Según ha relatado este jueves El Confidencial, "las vacas flacas han llegado, definitivamente, a las comunidades autónomas". Y anuncia a continuación que los gobiernos regionales presentarán en dos semanas los presupuestos más austeros de la democracia. O lo que es lo mismo, anunciarán un ajuste global del gasto público equivalente a unos 10.000 millones de euros, algo más del 5 por ciento de su presupuesto inicial de 2010. Se trata, con diferencia, del mayor recorte desde que hace casi 30 años se constituyeron las comunidades autónomas. Todo con un objetivo: situar el déficit presupuestario en el 1,3 por ciento del PIB (casi la mitad que este año). O el 3,3 por ciento, si se tienen en cuentas las cantidades que deben devolver a Hacienda (en un plazo de cinco años) por lo cobrado de más en 2009 en concepto de anticipos a cuenta.
Según fuentes del mercado que conocen bien las tripas presupuestarias de las comunidades autónomas, esto supone que tendrán el año que viene unas necesidades de endeudamiento que se situarán entre 25.000 y 30.000 millones de euros. Una cantidad verdaderamente astronómica en un contexto como el actual, en el que los mercados siguen sin funcionar con normalidad, lo que les obligará a elevar la rentabilidad de sus emisiones para captar recursos, como le ha sucedido a la Generalitat de Cataluña, que tendrá que pagar un 4,75 por ciento para financiarse a un año. Casi la mitad de ese dinero se destinará a pagar el desequilibrio correspondiente a 2011 -unos 14.000 millones de euros- y el resto servirá para refinanciar deuda generada en los últimos años. La consecuencia no puede ser otra que un aumento del endeudamiento público correspondientes a las CCAA, que se situará el año próximo en el entorno de los 140.000 millones de euros (110.000 millones en 2010). Dicho en otros términos, esto significa que, desde que comenzó la crisis económica y financiera (mediados de 2008) la deuda de las comunidades autónoma habrá crecido en nada menos que un 220 por ciento. Es decir, que se ha duplicado con creces...
Las restricciones para captar liquidez no proceden sólo de los mercados. Ahora es el Gobierno central el que está controlando el gasto como nunca antes lo había hecho. El instrumento no puede ser otro que la autorización con cuentagotas de planes de endeudamiento, algo que está poniendo en una situación límite a algunos gobiernos autonómicos, incapaces de reducir el gasto. Hay que tener en cuenta que todos los gobiernos regionales, salvo el de la Comunidad de Madrid, están sometidos a planes anuales de saneamiento por haber incumplido los objetivos de déficit, lo que le da a la vicepresidenta Salgado una herramienta esencial para controlar el gasto de las comunidades autónomas. De hecho, los gobiernos autonómicos no tendrán el año que viene ni siquiera la posibilidad de acudir a la presentación de programas de inversiones productivas para camuflar déficit. El Gobierno taponó esta vía en este Acuerdo de Consejo de Ministros. El mayor control -y las propias dificultades de los mercados para absorber tal volumen de deuda- explican las dificultades que están teniendo los gobiernos regionales para financiarse. Hasta el punto de que, en lo queda de año, van a tener que captar entre 15.000 y 20.000 millones de euros, una cantidad muy importante que explica las presiones que está recibiendo Hacienda para abrir la mano.
Según la comunicación que envió el Ministerio de Economía a Bruselas, las CCAA tendrán este año unas necesidades de financiación -déficit- equivalentes a 33.504 millones de euros, pero cuando han transcurrido las tres cuartas partes del año, apenas han podido captar de los mercados la mitad de ese desequilibrio, lo que explica las dificultades de tesorería que tienen muchos gobiernos regionales, y que les han puesto al borde de la bancarrota. Sobre todo teniendo en cuenta que el gasto autonómico -sanidad o educación,- es poco sensible a la coyuntura económica. Es decir, no baja aunque la recaudación se desplome, como de hecho ha sucedido con los ingresos públicos. Así se explica que el déficit no financiero previsto para este año vaya a representar nada menos que el 16,2 por ciento de los ingresos, muy lejos del 6,2 registrado en 2009. Esto pone de manifiesto la insuficiencia estructural que emana de los presupuestos autonómicos en momentos como los actuales. Y hay que recordar que las CCAA gestionan aproximadamente la mitad del gasto público.
Los datos de Hacienda indican que el gasto consolidado de las comunidades autónomas en 2010, según el presupuesto inicial, asciende a 184.022 millones de euros, de los que casi la mitad los consumen los capítulos I y II, es decir, personal (56.505 millones) y gasto corriente (29.468 millones). Los gastos financieros ocupan todavía un peso pequeño -3.714 millones de euros-, pero con un avance imparable. Crecerán un 35 por ciento este año en un contexto de bajos tipos de interés.