Antonio Casado.- La deposición de Aldama

MADRID 23 Nov. (OTR/PRESS) -

El acusado no está obligado a decir la verdad ante un juez. Cierto. Pero lo que no puede es difamar. Es decir, claro que puede, pero ateniéndose a las consecuencias penales de quien está cometiendo un delito, aunque ya sea tenido por delincuente. Me refiero, claro está, a las gravísimas acusaciones formuladas este jueves por el tal Aldama ¿O estamos ante revelaciones útiles para que las herramientas políticas y judiciales del pueblo soberano puedan activarse contra la inmoralidad en la vida pública?

El tiempo nos dirá si el empresario Aldama, más conocido como el "nexo corruptor" de una trama criminal (informe UCO) es un colaborador de la Justicia, con información canjeable por su libertad provisional (se produjo a última hora del mismo día) o un gran difamador de alma resentida contra quienes lo prefieren aparcado en la cárcel de Soto del Real, donde residía contra su voluntad desde el pasado 7 de octubre, por fraude del IVA en el sector de hidrocarburos, donde se mueve con licencia conseguida gracias a sus influencias en el entorno del Gobierno socialista.

Contamos con la explosiva difusión de "mordidas" supuestamente cobradas por miembros de la familia política del sanchismo. Y con las reacciones de los afectados que lo niegan todo. Empezando por el presidente del Gobierno, que solo ve mentiras en la declaración judicial de Víctor de Aldama el jueves pasado. Según Sánchez, "su estrategia de defensa es la mentira". Así que, dice, "estamos muy tranquilos porque todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso".

La onda expansiva de la descarga verbal del supuesto dispensador de "mordidas" en el entorno de Sánchez ya ha tenido sus efectos políticos. A repartir entre quienes detectan desazón en el Gobierno y quienes especulan sobre una moción de censura del candidato Feijóo. Mientras el líder del PP dice que la presentaría si algún socio o aliado parlamentario del PSOE se presta a apoyarla, el presidente acepta el reto como una oportunidad para que Feijóo proponga una alternativa de Gobierno "que no se conoce" en base a una mayoría parlamentaria de la que carece.

En cuanto a los disparos de Aldama por elevación, poco aporta que su difundida foto con Sánchez no fuera inocente coincidencia sino expreso requerimiento de quien quería agradecerle su trabajo como "conseguidor" en favor de las empresas españolas en Latinoamérica.

La dinámica judicial sigue su camino y ahí no encaja la doctrina de Sánchez sobre la "limpieza" de su Gobierno y su compromiso de acabar con la corrupción en la vida pública, puesto que el caso Koldo, donde el entonces ministro de Transportes tenía "un papel principal", se hubiera perdido en la polvareda si no se hubiera judicializado, entre otras cosas, gracias a los medios informativos y no a ninguna cruzada del Ejecutivo contra la corrupción.